UNASUR establecería que fue una "masacre" lo sucedido en Pando

Un número aún no precisado de “autoridades locales” de Pando fueron halladas “judicialmente responsables” por la masacre de campesinos ocurrida el 11 de septiembre en la localidad de Porvenir, en Pando, según concluyó la comisión de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) que investigó ese acontecimiento.

Esa instancia expresó, sin embargo, su desconfianza sobre el sistema judicial boliviano, por lo que una de las recomendaciones estará referida a realizar ajustes en dicho sistema.

El coordinador de la comisión de la Unasur y consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, Rodolfo Mattarollo, consideró que la justicia será aplicable “en la medida en que exista voluntad política para reformar el sistema judicial, que tiene enormes debilidades”.

El informe, según la agencia argentina Télam, será presentado el 25 de noviembre a la mandataria chilena y también presidenta pro témpore de la Unasur, Michelle Bachelet, y en él se establecen “hechos, responsables y recomendaciones”.

Mattarollo ratificó la muerte de unos 20 campesinos y la desaparición de al menos 70 personas. Según el diario El País de España, otros 40 pobladores resultaron heridos por armas de fuego. Reiteró que se trató de una “masacre”, sobre la que la comisión pudo establecer que algunas “autoridades locales son judicialmente responsables y logró identificarlas”.

Karlo Brito, abogado del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, uno de los principales acusados por la matanza en Porvenir, dijo ayer que “es mentira” que representantes del gobierno departamental, incluido su cliente, sean responsables, y calificó de parcial el informe de la Unasur.

“Siempre han estado queriendo buscar culpables, cómo van a decir que son judicialmente responsables. Esa apreciación no tiene ningún fundamento ni base legal, es muy ligera”.

La comisión internacional comenzó su investigación en Pando, La Paz y Beni el 14 octubre y concluyó el 4 de noviembre. Durante ese tiempo tomó declaraciones a al menos 60 personas, entre ellas el ex prefecto Fernández y los pandinos confinados en Viacha.

Fernández está recluido en el penal de San Pedro desde el 18 de septiembre en el marco de un juicio ordinario iniciado por los familiares de tres normalistas muertos en Porvenir.

Mattarollo añadió en una entrevista con el diario El País que “sectores cívicos prefecturales se organizaron para impedir que los campesinos llegaran a la ciudad. Se cavaron zanjas con excavadoras de propiedad del Estado, con varios metros de profundidad. La columna fue atacada por civiles armados”.

El informe, según Mattarollo, también habla de la huida de campesinos que se tiraron al río Tahuamanu, y “de ello existen videos en los que se aprecia las dificultades de muchos de ellos para mantenerse a flote”. Añade que entre los muertos identificados figuran tres muchachos que fueron claramente ajusticiados y sus cuerpos sin vida mutilados.

El reporte dejará establecida la absoluta pasividad de las fuerzas del orden, que vieron lo que ocurría sin intervenir. Mattarollo también hizo hincapié en que algunos de los heridos fueron bajados de las ambulancias que los trasladaban al hospital para ser maltratados y golpeados.

“Lo de Pando fue una masacre; ésa es exactamente la palabra indicada, porque es así como definen este tipo de hechos los protocolos internacionales”.

Villavicencio ofrecía sangre

“El ex presidente del Senado boliviano el opositor José Villavicencio (Unidad Nacional) se pasea ante la cámara a los gritos. ‘Si Evo quiere sangre, va a haber sangre’, arengaba, mientras de fondo una turba corría a tiros a un grupo de indígenas. Las imágenes se suceden como si fuera un documental, mientras el auditorio en la Cancillería argentina observa en el silencio más absoluto”. Así resume Página 12 un video de 20 minutos que fue difundido ayer.

Ese diario añade que el coordinador de la comisión de investigación de la Unasur, Rodolfo Mattarollo, presentó ayer ante el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, y el ministro de Defensa de Bolivia, Walker San Miguel, un adelanto del informe final de la instancia que se presentará formalmente el martes a las nueve de la mañana en el Palacio La Moneda ante la presidenta chilena, Michelle Bachelet, quien ejerce la presidencia pro témpore de la Unasur.

Durante la investigación, la comisión entrevistó a las decenas de indígenas que sobrevivieron a la masacre y habló con los médicos que los atendieron. También conversó con el ex prefecto Leopoldo Fernández en su celda de la cárcel de San Pedro en La Paz, cruzó la frontera para reunirse con los cívicos opositores que huyeron a Brasil después de la matanza y escuchó al Gobierno.

Brito presenta una denuncia

El abogado del ex prefecto Leopoldo Fernández, Karlo Brito, presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de La Paz para que dé con los autores de la golpiza de que fue víctima el jueves por la noche, luego de que saliera del penal de San Pedro, adonde acudió para una audiencia de la comisión especial que investiga los hechos en Pando.

Este defensor fue golpeado por personas vinculadas al MAS, quienes hacían vigilia en la plaza de San Pedro.

“Hay que sentar precedente. No podemos permitir, estamos ante tanta inseguridad (...) Me dieron un golpe y caí al piso, y bueno en el piso me trataron como pelota, me patearon”.

El certificado forense determinó diez días de impedimento. Si bien la querella fue presentada en la Fiscalía de La Paz ayer por la tarde, Brito dijo que desconfía del trabajo que ésta vaya a desarrollar para dar con los autores de la golpiza. “Es obligación del Ministerio Público investigar”.

También solicitó a los medios televisivos una copia de los videos en los que aparecen sus agresores.

El abogado reiteró que su cliente Leopoldo Fernández no declaró ante la comisión de diputados que investiga los hechos en Pando y tampoco se acogió al derecho al silencio.