El primero tiene que ver con un presunto fraude fiscal en la Lotería del Zulia, el segundo con la presunta acumulación ilegal de bienes personales y el tercero con la donación de bienes públicos a particulares, entre ellos 248 vehículos que, dijo, "estaban a la intemperie abandonados" y fueron sorteados entre policías en un "gesto de política social y ambiental".
Rosales protestó repetidamente por no haber sido informado previamente del detalle de los cargos que se le señalan y que tuvo que enterarse de algunos aspectos por la prensa, acusación que fue desmentida insistentemente por los legisladores.
También denunció como una violación a sus derechos que sólo se permitiera que siete de los diez asesores con los que se presentó estuviesen simultáneamente en la sala de interpelación y pretendió que fuesen éstos quienes respondiesen a las preguntas.
La presidencia de la comisión no accedió a ello bajo el argumento de que los asesores asesoran y el interpelado responde.
La sesión, cuyo objetivo fue el de recopilar información, se centró inicialmente en el caso del juego de azar regional, en complejos aspectos de orden legal, estatutario y administrativo supuestamente violentados, así como sospechas sobre el supuesto desvío a favor de Rosales de recursos originados por esa lotería.
"Los poquitos bienes que tengo están plenamente identificados y justificados", repitió el gobernador en varias ocasiones cuando fue acusado de lo contrario por los diputados, la mayoría afines al presidente Hugo Chávez, o de responder con evasivas y falsedades.
"Me vienen investigando desde el año 2000", tras la primera elección de Chávez a finales de 1998, y "nunca han podido demostrar nada malo en mi contra, porque nada malo hay. Lo que tengo me lo he ganado trabajando", subrayó.
Rosales, que perdió las elecciones presidenciales que en diciembre de 2006 confirmaron a Chávez en el poder hasta 2013, finalizará mañana su mandato como gobernador del Zulia, para asumir a continuación el cargo de alcalde de Maracaibo, capital de ese estado fronterizo con Colombia, ganado en las elecciones regionales del pasado domingo.
El político repitió que tenía documentos oficiales que se comprometió a entregar posteriormente a la AN sobre sus propiedades y negocios de compraventa de ganado, lucrativos principalmente "gracias a un buen manejo", subrayó, de una propiedad rural de 319 hectáreas.
"Han dicho que tengo 11, 15, 30 fincas y que me compré un palacio y tantas cosas más (...); denuncias folclóricas e irresponsables", dijo en una sesión parlamentaria cargada de intermitentes tensiones y griteríos que terminaron con llamamientos al respeto mutuo.
En uno de esos momentos, cuando fue presentada una grabación en la que supuestamente ordena la transferencia de 31 millones de dólares a una cuenta bancaria en Estados Unidos, Rosales protestó por "la práctica inconstitucional, aberrante y violatoria de derechos humanos" de grabar conversaciones personales que, además, aseguró, fueron "trucadas y manipuladas" para lanzarle "basura".
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