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Vuelos ilegales de la CIA

Aznar los autorizó y Zapatero los ocultó

Aznar los autorizó y Zapatero los ocultó

lunes 01 de diciembre de 2008, 15:46h
Era vox pópuli y fue denunciado por activa y por pasiva, pero ahora han salido las pruebas: Aznar autorizó los vuelos ilegales de la CIA, pero el Gobierno Zapatero lo ocultó. Es lo que ha venido a decir Gaspar Llamazares, que ha exigido la comparecencia urgente de los ministros Moratinos y Chacón. ¿Quién filtró el documento publicado por El País? Las fuentes son secretas, pero la información perjudica a Aznar y al Gobierno socialista. ¿Quién gana con esta filtración? Ahí está la clave, y mientras tanto, un ministro y un ex ministro están en la picota.

“El Ministerio de Defensa no tiene constancia de que se hayan utilizado las bases militares de Morón de la Frontera y de Rota para los hechos a los que se refiere la pregunta”. Era el 14 de marzo de 2006 cuando el entonces coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, recibía esta respuesta del Gobierno, a quien, con fecha 16 de febrero de ese año, había preguntado por el uso de bases militares por aviones fletados por la CIA transportando prisioneros de Afganistán a Guantánamo de forma ilegal.

El entonces ministro de Defensa que dio tan ‘simpática’ respuesta era el actual presidente del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez. Bono no sería cesado hasta el 7 de abril de 2006, fecha en la que fue relevado por el actual portavoz parlamentario del Grupo Socialista, José Antonio Alonso.


Era vox pópuli que la CIA había utilizado suelo español para sus actos ilegales, pero faltaba el documento que probaba que el Gobierno de José María Aznar había utilizado el uso del territorio español para esa ilegalidad. El documento ha sido publicado este domingo por el diario El País: se trata del Informe número 3329/02, emitido el 10 de enero de 2002 por el entonces director general de América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, con el “Asunto: Solicitud EE.UU. de escalas aéreas en caso de emergencia”. El informe, calificado de “muy secreto”, fue remitido al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Miquel Nadal.

En ese informe se señalaba lo que todos los medios de comunicación hemos venido insistiendo a lo largo de la anterior legislatura, aunque sin la base documental necesaria: que la Embajada norteamericana en Madrid había solicitado del Gobierno de Aznar permiso para utilizar las bases españolas para los vuelos ilegales de la CIA y que el Gobierno de Aznar lo autorizó.

Pillados in fraganti

Pese al sello de “muy secreto”, el asunto estaba tan en la calle, que Izquierda Unida formuló al Gobierno socialista hasta una cuarentena de preguntas sobre el tema. El Gobierno de Zapatero o dio la callada por respuesta o se limitaba a señalar que no constaba ningún documento que acreditara esa posibilidad.

Así, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, como los sucesivos ministros de Defensa, José Bono, José Antonio Alonso y Carme Chacón han ido capeando el temporal -¿por qué?, nadie lo explica- hasta la publicación por El País el pasado domingo del documento definitivo arriba referenciado.

Pillado in fraganti, el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sólo ha acertado a decir que "por supuesto" no conocía los vuelos en los que Estados Unidos trasladó presos a su base de Guantánamo (Cuba) y que hicieron escalas en España a partir de 2002.

Igualmente, el Ministerio de Exteriores hizo pública una nota en la que afirmaba que “en relación a la información aparecida en prensa relativa al sobrevuelo y posible escala en España de los llamados ‘vuelos de la CIA’, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación quiere hacer las siguientes aclaraciones:

“El MAEC, desde la toma de posesión del Gobierno del Presidente Zapatero, ha actuado siempre con plena transparencia y plena cooperación con la justicia. No tenía constancia de la existencia de este informe y no fue informado por el equipo anterior
.

El MAEC confirma su voluntad de plena cooperación con la justicia y ha abierto una investigación interna para localizar eventualmente cualquier documento sobre esta materia.

“El Gobierno español reafirma su pleno compromiso con la defensa de los Derechos Humanos. No ha permito, ni permitirá ninguna violación de los mismos en su territorio en relación con los llamados ‘Vuelos de la CIA’”.

¿Dónde están los documentos?


Con esa nota de Exteriores, Moratinos trata de evitar los palos que inevitablemente le van a venir; pero tiene difícil salida, porque el diputado de IU Gaspar Llamazares ha mordido presa y no piensa soltarla: ha pedido la comparecencia urgente de los ministros de Exteriores, Moratinos, y de Defensa, Carme Chacón. No descarta IU pedir nuevas comparecencias: ¿se puede pedir, acaso, que comparezcan Alonso y Bono? No parece posible, pero estos ex ministros podrían tener muchas claves de este asunto.

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha explicado que el PP pedirá la comparecencia del ministro Moratinos y ha criticado que el Gobierno filtre asuntos que afecten a la Seguridad nacional. “Eso no pasa en ningún país y es una tremenda irresponsabilidad”, dice Cospedal, quien añade que tanto las manifestaciones de José Blanco al respecto como las filtraciones parece que tratan de que se hable de otras cosas que no sean las que de verdad están pasando hoy en España, como los datos del paro que se conocerán mañana. “Parece una estrategia del Gobierno para no hablar de los casi tres millones de parados”, afirma, confirmando con esta actitud que Aznar –y el PP, por ende- permitió una ilegalidad.

Ahora bien, ésta es la pregunta que se formulan medios diplomáticos consultados por Diariocrítico: ¿Dónde están los documentos? Ningún documento se pierde en Exteriores: dado que el informe de Aguirre de Cárcer está referenciado, ese documento queda archivado y, en todo caso, la referencia existe. Lo cual significa que si alguien ha sustraído el documento, queda su referencia y se sabe, por tanto, que ese documento ha sido ‘robado’, sobre todo estando catalogado de muy secreto.

Así que, siguiendo ese razonamiento, si tanto el ex ministro Josep Piqué como su secretario de Estado Nadal como el propio Aguirre de Cárcer se hubieran llevado esos papeles del Ministerio, cuando llegaron los socialistas y pidieron ver todos los documentos relativos a este caso se les tenía que haber respondido que el Informe número 3329/02 estaba referenciado, pero no se hallaba donde debía estar. Y en ese punto –en el caso de que el documento realmente hubiera desaparecido- el ministro Moratinos debería haber formalizado la correspondiente denuncia, cosa que no hizo.

El tema es de tal gravedad, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que pedirá esta semana la incorporación a la causa de ese documento secreto del Ministerio de Exteriores. La causa está instruida por el juez Ismael Moreno. El fiscal se plantea la posibilidad de pedir al juez que llame a declarar a varias de las personas relacionadas con la redacción de este documento, entre las que se encuentran el consejero-político de la Embajada de Estados Unidos en Madrid y el director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer.


¿A quién perjudica la filtración?

Ahora todo el mundo vuelve la cabeza para saber quién filtró el documento a El País. Pero la pregunta es a la inversa: ¿a quién perjudica la filtración?
Evidentemente, al primero a Aznar y a su ex ministro Piqué, pero tanto Aznar como Piqué están ‘out’, políticamente hablando. El segundo perjudicado es el Gobierno de Zapatero que, o bien sabía de toda esta situación pero ha estado mintiendo, o en todo caso no ha puesto los medios para recuperar documentos que debían de estar referenciados pero que no se encontraban físicamente en los archivos.

En cualquiera de las dos opciones la cabeza de Moratinos peligra, y según medios políticos o pone una denuncia por sustracción de documentos secretos o dimite. Ahora ya se sabe con certeza que entre 2004 y 2007 se detuvieron aviones norteamericanos en Morón de la Frontera (Sevilla), Rota (Cádiz) y Torrejón de Ardoz (Madrid). Y ello pese a la respuesta de marzo de 2006 del Gobierno a Llamazares con la que abríamos esta crónica: “El Ministerio de Defensa no tiene constancia de que se hayan utilizado las bases militares de Morón de la Frontera y de Rota para los hechos a los que se refiere la pregunta”.

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