La Comunidad de Madrid decidió en noviembre acometer la renovación de la Ley de Cajas sin pactar con el Partido Socialista de Madrid (PSM) las condiciones, como habían acordado inicialmente Esperanza Aguirre y Tomás Gómez. El presidente Miguel Blesa, que había iniciado un proceso para su reelección, logró mantenerlo en la junta de noviembre.
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El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, anunció el 20 de noviembre que el Consejo de Gobierno daba su visto bueno a la ley, que, aseguró, tenía como fin adaptar la entidad a la Ley Orgánica Estatal (LORCA). Beteta no mencionó a Blesa entre los motivos para acometer la reforma, aunque esta incluía modificar los órganos rectores de la entidad y la representatividad de sus miembros. Además, la ley impedía, en opinión de la Comunidad, el proceso electoral iniciado en mayo por el propio Blesa para su reelección, postura cuestionada por la Comunidad interesada en un nuevo presidente.
Prudencia en el PSM
Tras obviar la Comunidad el principio de acuerdo alcanzado entre Aguirre y Tomás Gómez para reformar Caja Madrid con consenso, el PSM guardó un silencio prudencial a la espera de tener en las manos el texto completo que se incluyó en la ley de acompañamiento de los Presupuestos. Tomás Gómez, como Aguirre, tampoco deseaba que Blesa siguiera en la presidencia, pero esperaba que el pacto llegase a buen puerto.
Fuentes del PSM explicaron a Madridiario que Antonio Beteta trasladó a la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, que la reforma se incluiría en la ley de acompañamiento. Menéndez a su vez le recriminó, según las mismas fuentes, que esta no era la vía adecuada, dado que el rumbo de una de las entidades financieras más importantes del país no debía carecer de un debate parlamentario.
Por esa misma razón la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, anunció que IU impugnaría la ley de acompañamiento en los tribunales. El sindicato CCOO reaccionó a su vez con contudencia denunciado que trabajadores, impositores, representantes sindicales y los Ayuntamientos, todos con miembros en el consejo de Caja Madrid, habían sido "obviados" porque la reforma solo pretende controlar la entidad.
Lucha en la Asamblea General
La "lucha de poder" entre 'aguirristas' y 'gallardonistas' denunciada por PSOE e IU quedó patente en la Asamblea General que se celebró el 11 de noviembre. Allí, Miguel Blesa presentaba su propia propuesta para establecer la representación de cada miembro de la Caja, que, según el PP restaba poder a este partido. El debate de tres horas y la votación final se convirtió en un plebiscito sobre el presidente. Las distintas facciones del PP se cruzaron duras acusaciones de "deslealtad". Manuel Cobo, mano derecha de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, rompió la disciplina de partido y votó a favor de Blesa mientras el resto del partido votó en contra.
Así, Blesa sacó adelante su propuesta en una extraña votación con los votos favorables de los partidarios de Gallardón, Izquierda Unida, CCOO y los independientes. PSOE y UGT se abstuvieron y los 'aguirristas' votaron en contra. El presidente ganó una batalla pero el proceso siguió adelante.
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