Los Presupuestos Generales del Estado rechazados por el Senado representan un fracaso de la planificación de un gobierno que no se corrige a sí mismo por confiar matemáticamente en aprobarlos días mas tarde en el Congreso. No votó en contra –como dice con su habitual falta de rigor el presidente
Zapatero- el Partido Popular con Izquierda Republicana de Cataluña. Quien votó en contra, más exactamente, fue la mayoría de una cámara plural y territorial llamada Senado contra la propuesta de un gobierno al que es difícil calificar de socialista. En un sistema bicameral como el nuestro no porque exista un desequilibrio entre las atribuciones de ambas cámaras dejan de estar los presupuestos democráticamente cojos. Diputados y senadores integran unas Cortes Generales que ostentan por vía electoral la representación de los españoles. Que una caprichosa legalidad haya recortado hasta lo simbólico las competencias del Senado no justifica el desprecio a lectores y elegidos por parte de un gobierno que no tiene en cuenta el desacuerdo de una institución del máximo rango nacional y se da por satisfecho con la escasa mayoría de algo mas de un tercio de las Cortes Generales para considerar aceptable su precario proyecto.
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Bastaría con que el veto del Senado obligase a un mínimo aplazamiento de un mes para la reflexión para que el vicepresidente económico, que reconoció en sede parlamentaria que los presupuestos estaban desfasados y desactualizados se viese forzado a salir de su indolencia y tomarse el trabajo de intentar ponerlos al día.
Pero da la impresión de que al aletargado Solbes le resulta más cómodo dejar la ley tal cual está que trabajar en adaptarla a las necesidades de una nación en crisis. El apoyo de unas minorías nacionalistas – no todas- que se conforman con sacar alguna tajada para sus intereses locales sin preocuparse del interés general es suficiente para que no se tenga en cuenta el ambiente expresado por la cámara presuntamente territorial. Este comportamiento gubernamental supone un serio descrédito político y demuestra, además de la falta de capacidad de maniobra de un ministro, la falta de flexibilidad de un gobierno incapaz de pactar acuerdos de Estado para afrontar una crisis sobre la que solo intenta sobrenadar, agarrado a un ridículo salvavidas, mientras a sus espaldas se escora peligrosamente el buque en que debíamos navegar todos juntos.