El abogado de Zúñiga, Gregorio Arroyo, destacó que el juez ha considerado que no hay hechos delictivos por parte del ex alcalde ni del ex concejal de Urbanismo de Alcorcón, Fernando Díaz, actualmente candidato a la alcaldía por el PP. En la querella se les imputaban los delitos de prevaricación y encubrimiento, cohecho, falsificación de documento público, usurpación de funciones públicas y delito contra la administración pública. También estaban imputados por supuesta revelación de información privilegiada a un funcionario público, actividades prohibidas a funcionarios públicos, infidelidad en custodia de documentos y certificación falsa por funcionario público.
"El juez tampoco percibe conductas delictivas para el resto de querellados (los empresarios Francisco Bravo y Francisco Vázquez, Juan Benigno, Francisco Díaz, Gregorio Cabello, Gonzalo Olmo y Manuel Camilo Hermo), aunque abre un procedimiento abreviado contra el arquitecto Leopoldo Arnáiz", explicó el letrado. Tras conocer el auto del juez, el ex alcalde Zúñiga manifestó que "se ha demostrado la honestidad y la honradez de todos los implicados en este asunto, que respondió a una utilización de los juzgados para hacer política". Zuñiga subrayó además que la querella de la Fiscalía de Madrid, interpuesta en el 2003, sólo responde a "intereses políticos del PSOE, ya que se interpuso en plena crisis de la Asamblea de Madrid", en respuesta al momento de la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que obligó a la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas.
El ex alcalde del PP añadió que "la Justicia ha quitado la razón" al actual regidor socialista, Enrique Cascallana, al secretario general del PSM-PSOE, Rafael Simancas, y a la portavoz adjunta del partido en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, que hablaban de trama urbanística en Alcorcón". "Ha prevalecido la verdad; el tiempo pone a cada uno en su sitio y Cascallana hoy está en muy mal lugar", añadió Zúñiga. La querella del PSOE se presentó en mayo de 2001, mientras que la de la Fiscalía de Madrid se tramitó en 2003. El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón decidió unificar ambas querellas, ya que coincidían en ellas los querellados y los delitos imputados.
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