Liberan a las hermanas Terán

En una imprevista e irregular audiencia de cesación de medidas cautelares, celebrada ayer, en el Juzgado de illa Tunari, el juez instructor José Luis Dávila ordenó la libertad de Tomás Veizaga, Juana y Elba Terán, los familiares de la ex asambleísta del MAS que fueron sorprendidos el pasado 23 de septiembre en su casa de San Isidro, en Tiraque, con 147,5 kilos de pasta base de cocaína, 20 mil dólares y joyas.

Los tres sindicados de delitos de narcotráfico, sólo tienen que pagar una fianza de 50.000 bolivianos, cada uno, para efectivizar su salida de la cárcel de San Pedro de Sacaba. Los tres imputados fueron trasladados, ayer, a primera hora a Villa Tunari, sin que la propia fiscal asignada al caso, Claudia Mancilla, haya sido notificada para estar presente en la audiencia prevista a las 10:30 de la mañana, en la que el abogado Victor Hugo Villa pidió la cesación de las medidas cautelares, intentando probar que ninguno de sus clientes, obstaculizaría la investigación ni se daría a la fuga.

La fiscal Claudia Mancilla recibió una llamada para notificarle que vieron a las hermanas Terán cruzar una calle en Villa Tunari y viajó de inmediato en un vehículo particular para ver qué ocurría, pero llegó cuando la audiencia ya había terminado. La autoridad del Ministerio Público calificó la misma como “una barbarie”, pues en primera instancia y de acuerdo a la resolución de la Sala Penal 3 de la Corte de Justicia, este caso debía ser conocido únicamente al Juzgado de Tiraque, pues la casa de San Isidro, donde se halló la enorme cantidad de droga, está situada en la jurisdicción de Tiraque y no en Villa Tunari.

No se sabe porqué el juez José Luis Dávila aceptó realizar la audiencia, pues él mismo aceptó la solicitud de excepción de incompetencia de la Fiscalía e instruyó que todo el legajo sea remitido a Tiraque. El accionar del juez Dávila en este proceso, ya fue cuestionado antes por los propios vocales de la Sala Penal 3, que no sólo anularon una resolución suya emitida en el caso Terán (porque adolecía de una fundamentación adecuada y era un atentado al debido proceso y el derecho a la defensa), sino que también decidieron llamarle la atención severamente (a Dávila) por sus “errores”.

Riesgo de fuga

Los vocales decidieron entonces ordenar y mantener la detención preventiva de los imputados en la cárcel de San Pedro de Sacaba, porque “son con probabilidad autores del delito del que se les acusa”, porque existe riesgo de fuga y de obstaculización de las investigaciones, ya que tomando en cuenta la cantidad de droga hallada, se presume que existen más personas implicadas en el ilícito. Sin embargo, ayer el juez de Villa Tunari hizo todo lo contrario.

Entre las incongruencias cuestionadas, se observó que el juez José Luis Dávila aceptó como domicilio estable de los imputados, la casa de San Isidro la familia Terán, que por orden de la Sala Penal 3 ya está en manos de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) y como trabajo estable, la agricultura en los mismos terrenos incautados.

“El juez ha aceptado que viven en una casa que ya no existe para ellos de acuerdo a ley, pues el mismo reglamento del Sindicato al que pertenecen establece como castigo que esos terrenos deben ser revertidos al sindicato”, dijo la fiscal.

Si bien la Fiscalía apeló la decisión de Dávila, la respuesta será conocida recién en 72 horas y mientras tanto, los imputados pueden pagar la fianza fijada y salir en libertad, pues ya cuentan con la orden necesaria.