Las tarifas del agua subieron en la Comunidad un 4,1%

En la Comunidad de Madrid, el consumo de 10 metros cúbicos con un contador individual de 13 milímetros asciende a 13,49 euros, mientras que el mismo consumo con un contador de 15 milímetros es de 14,13 euros. El precio aumenta a 23,50 euros si el consumo es de 20 metros cúbicos con un contador de 13 milímetros, lo que supone un incremento del 6,9 por ciento respecto a las tarifas de 2007.

 Por su parte, este mismo consumo de 20 metros cúbicos con un contador individual de 15 milímetros supone para las familias madrileñas un desembolso de 24,14 euros, un 6,8 por ciento más que en año 2007.

FACUA exigió a los ayuntamientos españoles la participación de las asociaciones de consumidores en el diseño de las tarifas y la implantación del ciclo integral del agua, ya que una de las principales carencias existentes en numerosos municipios españoles es la no depuración de las mismas. Ambas reivindicaciones están entre las principales directrices de la Directiva Marco del Agua, aprobada en 2000 y que entra en vigor en su totalidad en 2015.

En noviembre de este año, la Comisión Europea (CE) amenazó con emprender acciones legales por incumplir las normas de tratamiento de las aguas residuales en más de 400 pueblos y ciudades. Esto supone que se viertan a ríos y mares aguas residuales que no se han tratado correctamente. FACUA critica esta situación, algo que ya denunció públicamente en 2007.

El estudio revela que el consumo mensual de 10 metros cúbicos de agua, dentro de un perfil de familia de cuatro miembros, supone un importe medio de 11,03 euros más IVA si el contador individual tiene un calibre de 13 milímetros, un 4,8 por ciento más que en 2007 (entonces suponía 10,53 euros) y de 12,52 euros si es de 15 milímetros, un 4,3 por ciento por encima del año anterior (12,00 euros).

FACUA advierte que no siempre puede considerarse positiva una tarifa muy baja y negativa una muy alta, ya que resulta necesario que las suministradoras apliquen tarifas progresivas que penalicen los metros cúbicos consumidos en exceso (siempre que se bonifique a las familias numerosas), algo que no ocurre en todos los casos. Asimismo, hay que tener en cuenta que entre las ciudades con las tarifas más bajas uno de los motivos es, en ciertos casos, que no depuran las aguas, otro aspecto negativo.

Sólo trece municipios, menos de la mitad de los analizados por FACUA, aplican factores de corrección a las familias que superen un determinado número de miembros, también con criterios diferentes según la ciudad. Y es que la asociación entiende que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de habitantes de la vivienda.

Carencia normativa
En España, el suministro domiciliario de agua es una competencia de los ayuntamientos, que otorgan las concesiones del servicio a empresas públicas, privadas o mixtas.

Con la excepción del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, los derechos y obligaciones de los usuarios y las empresas suministradoras únicamente se establecen mediante ordenanzas municipales o los acuerdos que regulan las concesiones, una dispersión que provoca que no estén garantizados unos requisitos mínimos de calidad del servicio a nivel nacional y la existencia de facturas con conceptos muy dispares y difíciles de entender para los usuarios debido a su complejidad.

Por ello, FACUA demanda una norma de ámbito nacional que regule aspectos como los procedimientos para la aprobación de las tarifas, que deben incluir el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores, las indemnizaciones a percibir si se producen cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros, la periodicidad de lectura de los contadores y facturación, las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos y requisitos para las bajas en el servicio, los conceptos incluidos en las facturas y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.

La asociación también reivindica la obligación de que las empresas cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios y señala la necesidad de que estén adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.