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Informe favorable para reformas al Código Penal

Informe favorable para reformas al Código Penal

lunes 29 de diciembre de 2008, 04:20h

La Comisión de lo Civil y Penal presentó el informe para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, que fuera remitido por el Ejecutivo a la Comisión Legislativa y de Fiscalización el pasado 28 de noviembre.
 
El organismo legislativo aclara que el proyecto que se pone a consideración del Pleno, es distinto de aquel presentado por el Gobierno. Si bien se mantiene el concepto general del mismo y sus líneas básicas, la Comisión ha tenido la oportunidad de incorporar varios nuevos elementos que, de la experiencia y las consultas ciudadanas que se han realizado, se convertirán en dinamizadoras de la administración de justicia penal.

Además, permiten acercar nuestra legislación a las tendencias contemporáneas del derecho penal que son aquellas de la mínima intervención y que buscan no sólo la rehabilitación del sentenciado sino la reparación de las víctimas. Parte importante de la Ley ha sido debatida y aprobada de forma unánime por los comisionados.

La propuesta incorpora los principios procesales de la Constitución vigente y también las reformas necesarias para avanzar hacia un sistema oral y acusatorio puro. Recoge temáticas como: vías alternativas al juicio oral, facultades discrecionales, vías alternativas en sentido estricto, mecanismos de simplificación procesal, procedimiento de acción pública a instancia de Parte, desarrollo del juicio y la prueba, peritajes, testimonios, oralidad en etapas previas al juicio, medidas cautelares, juez de garantías, régimen progresivo, entre otros.

Por las motivaciones jurídicas, sociales y constitucionales expuestas, la Comisión Especializada Permanente de lo Civil y Penal aprobó el informe y lo remitió a la Presidencia de la Comisión Legislativa, para que sea sometido a consideración del Pleno.

Observaciones

Se recogieron los criterios de expertos en materia penal: jueces penales, miembros de los Tribunales Penales, catedráticos y abogados en libre ejercicio de la profesión; del Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU); la Federación Nacional de Asociaciones de Judiciales del Ecuador; y, de la Policía Judicial.

 

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