La opositora Elisa Carrió avanzó en una denuncia contra el ex presidente Néstor Kirchner por el presunto delito de asociación ilícita, al instar a un organismo internacional a investigar un eventual "lavado de dinero" favorecido por una ley aprobada recientemente en el país.
Carrió, de la Coalición Cívica, tercera fuerza parlamentaria del país, dijo en rueda de prensa que ha enviado un documento al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que tome "las medidas adecuadas para restablecer el sistema de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo" en el país.
"Seguimos en la lucha para derogar la 'ley de blanqueo de capitales' y pediremos al GAFI que informe y advierta a las entidades financieras del mundo que Argentina es un país que viola las reglamentaciones internacionales contra el lavado de dinero", argumentó.
La ex candidata presidencial aludió así a una polémica ley que permitirá la repatriación de capitales depositados en el exterior no declarados ante el fisco.
La iniciativa, aprobada por el Parlamento argentino el pasado 18 de diciembre, fue impulsada por el Gobierno dentro de un paquete de medidas destinado a evitar los efectos de la crisis financiera global.
Hace una semana el juez federal Julián Ercolini abrió una causa por el presunto delito de asociación ilícita contra Kirchner (2003-2007), tras una petición de un fiscal que reprodujo "casi en su totalidad" los términos de una denuncia presentada en noviembre por Elisa Carrió.
La dirigente de centroizquierda explicó en su día que la "asociación ilícita" ha sido conformada, entre otras razones, para el manejo irregular de los fondos que pasaron al Estado cuando hace unas semanas se puso en marcha una reforma que implicó el fin del sistema privado de jubilaciones creado en 1994.
La presentación de Carrió incluyó unos 30 casos de presunta corrupción recopilados en distintas investigaciones hechas por la Coalición Cívica en los últimos años.
Entre ellos figuran contratos petroleros y una investigación por presunto pago de sobornos de la constructora sueca Skanska.
También figura un supuesto "pacto de impunidad" con Venezuela para ocultar el "caso del maletín", como se llamó al intento de un empresario venezolano de ingresar en 2007 en Argentina con 800.000 dólares de contrabando, al parecer -según las denuncias- para financiar la campaña que llevó a Cristina Fernández a la Presidencia argentina.
Carrió incluyó en la denuncia al ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y a tres empresarios a los que definió como "empleados que responden directamente a Kirchner" y que, dijo, son beneficiados "con concesiones de juego, obra pública, mercado eléctrico y petróleo".
Según afirmó Carrió, esta denuncia guarda "estrecha relación con la 'ley de blanqueo de capitales', ya que permite la legitimación de dinero que tiene su origen en hechos delictivos como los mencionados".
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