Bordeamos el desastre

Quienes me conocen saben que siempre trato de evitar cualquier cosa que huela a algo apocalíptico. Simplemente, lo considero innecesario, porque son muy pocas las veces que se consuma el desastre. Aunque, como ocurre con las meigas, haber desastres ocasionales, haylos. Escucho muchas voces estos días, más acaso que nunca, señalando que bordeamos el caos. Y, en mi opinión, esto se debe, básicamente, a que la clase política que nos representa se distancia cada día más de la sociedad civil.

Me parece que quienes tenemos el privilegio de contar con una tribuna debemos repetirlo, para que nadie nos acuse de escaparnos de una realidad asfixiante: hay muchas cosas en esta actualidad política nuestra que no pueden ser, y que conviene atajar cuanto antes para restablecer esa necesaria confianza de la sociedad en las personas e instituciones a las que ha otorgado su representación y la gestión de sus intereses.

No puede ser, por ejemplo, que el hombre a quien se encomendó la marcha de la economía declare que ya no le quedan soluciones y siga ahí, en el puesto, como si nada hubiera ocurrido. Ni puede ser que el otro gran responsable de las cuestiones económicas nacionales (sí, me refiero al ministro de Industria, Miguel Sebastián, a quien algunos han visto como cada vez más improbable sucesor de Pedro Solbes) funcione exclusivamente a golpe de ocurrencias genialoides con base cero y nadie diga nada. Ni es posible que la mitad del gobierno carezca de una agenda de actividades que pueda calificarse de tal. Eso, por poner apenas algunos ejemplos que afectan al campo gubernamental.

Pero está claro que el desastre potencial no afecta a un solo color político. Lo que tampoco puede ser es que se levante un escándalo de padre y señor mío nada menos que en la Comunidad de Madrid, donde la presidenta y el alcalde de la capital andan dándose leñazos sin cuento, ahora por la gestión de la Caja (bocado suculento), y todavía no se haya producido más aclaración que la promesa -lógica- por parte de Rajoy de crear una comisión de investigación. Me parece uno de los ‘affaires’ más indignantes de entre los muchos asuntos apestosos que han jalonado el tránsito por la aún joven democracia española, y me sorprende que nadie parezca demasiado interesado en llegar hasta el fondo, en apartar para siempre de la vida política a los culpables y en establecer las responsabilidades penales a que todo esto dé lugar. Para esto no pagamos nuestros impuestos.

¿Cómo se puede pedir sangre, sudor y lágrimas a ese ejército de desempleados -y los que vendrán- con tan lamentables ejemplos? Algo está empezando a oler a podrido, y no estoy refiriéndome precisamente a Dinamarca.