Grave denuncia de la oposición
Los contratos petroleros habrían sido adulterados en el Parlamento
miércoles 07 de marzo de 2007, 07:52h
Los senadores de Podemos Oscar Ortiz, Roberto Ruiz y Luis Vásquez Villamor, denunciaron que los contratos de hidrocarburos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional no coinciden con los documentos firmados por el Estado y las compañías petroleras, por lo que funcionarios del gobierno habrían incurrido en el delito de falsedad material e ideológica.
“La bancada de senadores de Podemos quiere compartir con la opinión publica una gran preocupación, surgida de la constatación documental de que los contratos petroleros están adulterados”, dijo Ortiz. “Esto es muy grave. Ya hace algún tiempo vimos una denuncia del ex ministro Soliz Rada, en la cual decía que había que revisar con mucho detalle el anexo de estos contratos", dijo. "Efectivamente, lo hemos revisado y comprobamos que una versión es la que se firmó en el acto del Palacio de Comunicaciones, la misma que YPFB puso en su página web e hizo pública. Sin embargo, la versión que llegó al Congreso Nacional es otra”.
“Hay una serie de cambios que constituyen un delito de falsedad material e ideológica, por el cual sus responsables tienen una pena de cárcel de 2 a 8 años. Hacemos esta denuncia porque creemos que el Congreso Nacional tiene una gran responsabilidad con estos contratos. Tenemos la responsabilidad de velar por el interés de nuestro país, por los intereses de nuestro pueblo, y asegurarnos de que estos contratos sean realmente firmados en el marco de la ley y la Constitución, velando por el interés nacional de manera absolutamente transparente”, dijo.
Ortiz manifestó que “le pedimos al Poder Ejecutivo que deje de esconder las cosas, que deje de camuflar los errores y las adulteraciones, y que de una vez por todas trabajemos contratos que valgan por varias décadas y que preserven el interés nacional, dando confianza a la opinión pública mediante la transparencia de la información”.
Por su parte, el senador Roberto Ruiz dijo que “la opinión pública ha sido testigo de cómo en seis meses de negociaciones, casi al filo del plazo que establece el propio decreto, se terminaron firmando 44 contratos petroleros. Estos tienen varios anexos; uno de ellos, el anexo D, sin procedimiento financiero contable, establece los mecanismos por los cuales el Estado determina lo que va a ser la utilidad compartida al final de la evaluación del proceso de producción, cuando los costos recuperables sean establecidos en base a ciertos tipos de auditorías”.
“Es fundamental este procedimiento financiero contable, para maximizar los ingresos a favor del Estado nacional. Pero al revisar los contratos hemos encontrado que había diferencias serias entre lo que se aprobó en el Congreso, en una sesión bochornosa, y estos convenios que se firmaron en el Palacio de Comunicaciones con gran presencia mediática. En la firma de cada una de las hojas de los supuestos suscribientes, que son el Estado boliviano y las compañías petroleras, la firma no coincide, las firmas corresponden a otras personas”, denunció el legislador de Tarija.
Roberto Ruiz acotó que “existen muchas otras observaciones, pero el hecho concreto es que en algún momento, desde que se firman los documentos hasta que vienen con fotocopia legalizada al Congreso, se produce la adulteración a espaldas de los bolivianos”. “El gobierno hizo una campaña agresiva indicando que teníamos un interés perverso en bloquear estos contratos, y que deberíamos aprobar en una sesión su ley corta. Ahora, esto prueba a la población que nuestra voluntad de revisar estos contratos fue para detectar fallas que van a comprometer la fe del Estado por 40 años. Por eso, cada uno de los 44 contratos debe ser sujeto de escrutinio escrupuloso”, concluyó.
Si (
No(
