Gobierno ratifica que hubo complicidad

El ministro explicó que la acción se dio desde adentro, es decir, que se produjo un corte eléctrico de los sistemas de seguridad de la Sinagoga para permitir el paso de la banda al recinto, cuyo jefe era escolta del rabino de la sinagoga.

Precisó que por este caso están detenidas 11 personas, ocho funcionarios de distintos cuerpos policiales, dos de ellos particulares, miembros de bandas delictivas comunes y uno de ellos quien era vigilante de la Sinagoga.

"Víctor Eduardo Escalona Lovera, vigilante de la Sinagoga, Edgard Alexander Cordero, Yadira Soledad Torres Muñoz, Ángel de Jesús Charles, Luis Eduardo Cándido Borrero, Francisco José Pérez Díaz, Frank Luis Piñate Lunar, José Alonso Milla Mejías y los dos civiles involucrados que son delincuentes comunes Rafael Enrique Mogollón Colina, Orlando José Pérez Díaz", precisó.

Señaló que solicitarán medidas privativas de libertad para otras personas implicadas en este hecho.

El ministro extendió un reconocimiento público a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por la labor efectuada en estas investigaciones, por su capacidad profesional, así como a los fiscales del Ministerio Público que dirigieron la investigación penal.

En la madrugada del 31 de enero, un grupo de personas entró en la Sinagoga de Maripérez, donde efectuaron actos vandálicos, hecho que fue totalmente condenado por las autoridades gubernamentales, se designó un equipo especial del Cicpc para iniciar de inmediato las investigaciones de manera objetiva y científica.

No obstante, un sector de la oposición dio declaraciones que pretendían incriminar al Gobierno Nacional como responsable de estos hechos.

Para el ministro, esa posición, que se desmonta con los resultados de las investigaciones, tuvo como propósito desvirtuar las investigaciones que emprendió el Estado en torno al caso de la sinagoga.

El ministro también indicó, respecto al Colectivo La Piedrita, que sólo por ser seguidores del proceso no se les debe eximir de responder ante la ley por sus delitos o acciones cometidas.