Mentir ante el Senado

Las explicaciones, cargadas de datos e informaciones falsas, dadas en el Senado por el presidente del gobierno José Luís Rodríguez Zapatero, al informar sobre los motivos de la concesión de la prisión atenuada al asesino múltiple y amenazador etarra De Juana Chaos,  no contribuyen a generar el necesario estado de confianza en la administración de Justicia.

En primer lugar, es incuestionable que la concesión de la prisión atenuada a De Juana constituye un acto voluntario del gobierno, al que corresponde explicar los motivos de su decisión. En segundo término, el deteriorado estado de salud en el que se encuentra el preso ha sido provocado por él mismo, como consecuencia directa de su huelga de hambre, por lo que no es preceptiva –aunque sí legalmente posible- la aplicación de las normas que le han beneficiado.

El presidente del gobierno mintió ayer en el Senado al explicar las razones por las que su gobierno había decidido interpretar la ley de tal manera que favorezca a un etarra que plantea una medida de fuerza (huelga de hambre) contra el Estado Democrático de Derecho, con el fin de obtener ventajas.

Zapatero mintió cuando, para zafarse de su responsabilidad democrática de explicar sus decisiones, argumentó ante el Senado, entre otras cosas, que el gobierno del Partido Popular había excarcelado anticipadamente a 306 presos etarras durante su gobierno. Es evidente que el presidente sabe, en términos políticos y  jurídicos, que dichas excarcelaciones no fueron decididas por el gobierno de Aznar, sino que fueron imperativas según las reglas de la rendición de penas aplicables con el código Penal vigente entonces, el de 1973. Si entonces no se hubiera excarcelado a los 306 presos, algunos miembros del gobierno del PP habrían prevaricado. No tenían otra alternativa legal.

La actual decisión del gobierno de Zapatero de atenuar la prisión del etarra ha sido tomada voluntariamente, en el contexto de un reciente atentado doblemente mortal y de un pulso político hecho por un asesino irredento. Más allá de que sea o no compartida por las demás fuerzas políticas y por los ciudadanos, tal decisión es legal. Sin embargo, el ejercicio de la acción política en democracia exige a los gobernantes explicar y asumir lo que han decidido –bien o mal- ante los ciudadanos. Sin mentiras.

Desde una perspectiva jurídica, la decisión de atenuar la prisión de un amenazador condenado, con antecedentes penales de 25 asesinatos, en el escenario de una huelga de hambre, supone un grave precedente que puede cuestionar la preponderancia del Estado de Derecho ante futuros actos de fuerza de esta u otras organizaciones criminales. En todo caso, queda dañada la credibilidad en el Estado de Derecho y en la Justicia, no sólo por la excarcelación más o menos desacertada de un asesino, sino por las falsedades del presidente de un gobierno democrático ante el Parlamento de la Nación.

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Ignacio Perelló Almagro es abogado y presidente de la Comisión Española de Juristas.