De Miguel dice que el Gobierno sólo pondrá mil millones de los 5.000 que supondrá aplicar la ley

Por ello, se preguntó "qué hay que agradecer" al Gobierno ya que  que si han elaborado una ley para toda España "lo lógico" hubiera sido garantizar la financiación con un sistema sostenible y no únicamente a través de los Presupuestos del Estado mientras que por el contrario con esta "indefinición" la "arbitrariedad está servida" ya que "a cada comunidad autónoma le tocará una cantidad distinta de dinero"."No me creo el pago equitativo como ya se observa en las cantidades que en los Presupuestos Generales del Estado destinan a Cataluña o Galicia", recriminó.

Asimismo, aunque insistió varias veces, durante la rueda de prensa que ofreció para valorar esta ley, "en el optimismo y la mano tendida" con la que el Gobierno valenciano acoge esta norma, que se está debatiendo en el Senado, señaló que "no se puede consentir" que el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero "trasmita a la sociedad falsas expectativas" como que a partir del 1 de enero de 2007 las personas dependientes comenzarán a percibir los beneficios previstos en la ley, lo que es "imposible".

Así, apuntó que una propia enmienda aprobada a propuesta del PSOE establece que entre 2007 y 2010 se fijarán los valoraciones y adjudicaciones de los recursos para la dependencia severa en sus dos niveles, mientras que entre 2011 y 2014 se establecerán para la dependencia moderada también en sus dos niveles. "Es lógico que un sistema de esta envergadura no se pueda poner en marcha de un día para otro, pero no pueden decir a la sociedad cosas que no son ciertas porque su aplicación el 1 de enero de 2007 es imposible", recalcó.

En ese sentido, explicó que aunque por primera vez se crea un derecho subjetivo y universal a recibir unas prestaciones cuando una persona es catalogada por las Administraciones Públicas como dependiente, el problema surge, indicó, en que "deja el desarrollo normativo a un Consejo Territorial, integrado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, que todavía no está ni constituido".

Del mismo modo, apuntó que tampoco está terminado el sistema de valoración de la dependencia, idéntico para toda España, y que en estos momentos están negociando las Comunidades Autónomas con el Imserso. En cualquier caso, apuntó que este baremo tendrá que ser también aprobado en el Consejo Territorial cuando se constituya.  Asimismo, criticó que "ni siquiera" se ha adjudicado el concurso de la base informática que interprete la valoración, que permitirá determinar a qué recursos tiene derecho una persona dependiente según el baremo que previamente le han adjudicado.

De Miguel consideró que la "falta de concreción y la frivolidad" de esta ley se pondría haber mejorado si el Gobierno hubiera consultado con las Comunidades Autónomas antes de aprobar el texto en el Consejo de Ministros, aunque matizó que se trabajará en el Consejo Territorial para garantizar el principio de equidad y que un ciudadano perciba la misma cartera de servicios con independencia del lugar en el que resida.

Actuación en la Comunitat

La consellera de Bienestar Social destacó que en la Comunitat ya se está trabajando en la puesta en marcha de esta ley para lo que destacó la colaboración con el Imserso en la definición del sistema de valoración de la dependencia.

Además, resaltó que gracias a un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia se imparte un curso de especialista en la valoración de las personas en situaciones de dependencia de 220 horas de duración, frente a las 15 ó 20 horas que se propone en la ley, de los que ya se están impartiendo tres en Valencia, mientras que en Alicante comenzará el 27 de noviembre y en Castellón el 4 de diciembre.

Por su parte, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, que pasará también a denominarse y de Atención a la Dependencia, contratará a 35 personas que hayan finalizado este curso antes de que acabe el año para "comenzar a rodar la ley con nuestros propios valoradores", aunque admitió que posteriormente puede haber modificaciones una vez que se publique el desarrollo normativo.

Asimsimo, esta Agencia será "el brazo ejecutor" de la aplicación de la ley, para lo que difundirá un curso on-line de más de 40 horas dirigido a los profesionales y sobre todo a los trabajadores sociales de los Ayuntamientos y del mismo modo se elaborará una campaña informativa a la sociedad y a los profesionales a medida que se vayan aprobando los decretos que desarrollen el texto legal. De Miguel destacó que se creará también un Consejo Territorial de la Comunitat Valenciana, en el que estén representados la Administración autónomica y local, que analizará todo lo refernete a la puesta en marcha de esta ley.

Al respecto, consideró que los Ayuntamientos serán "la parte más importante" al ser los primeros destinatarios de la recepción de la solicitud de una persona para que se le determine qué tipo de dependencia padece, a la que posteriormente se le elaborará un plan individualizado de atención, con la que los trabajadores sociales municipales dialogarán para que el propio afectado dé su apoyo, y por último se le asignarán los recursos que necesite. Por ello, anunció que se presentará una enmienda en los presupuestos de 2 millones de euros para financiar los gastos de personal de las unidades locales.