Oposición presenta una denuncia formal contra Evo Morales por corrupción

El gobernador de Tarija, Mario Cossío, presentó la demanda el lunes ante la Fiscalía General y hoy se adhirieron a la misma sus colegas de Chuquisaca, Savina Cuéllar; de Santa Cruz, Rubén Costas; y de Beni, Ernesto Suárez.

El fiscal general, Mario Uribe, dijo hoy a la prensa que la "proposición acusatoria" aduce que Morales supuestamente violó la ley al emitir un decreto que reformó las normas sobre contratación de bienes y servicios en la petrolera estatal.

En concreto, la denuncia se refiere a la posible responsabilidad del mandatario en la aprobación de normas que crean fideicomisos especiales para contratos millonarios, uno de los cuales fue usado en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

YPFB se encuentra desde fines de enero bajo una investigación que ha provocado la destitución de su presidente Santos Ramírez, un dirigente del oficialismo muy cercano a Morales, acusado de corrupción en un contrato con la empresa boliviano-argentina Catler Uniservice.

El caso estalló con el asesinato de un empresario boliviano Jorge O'Connor D'Arlach cuando transportaba 450.000 dólares a la casa de unos familiares de Ramírez, suma que los fiscales y la oposición presumen que era un soborno para el ejecutivo de YPFB, actualmente recluido en un penal.

En su denuncia, los prefectos imputan a Evo Morales delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, señaló hoy la emisora Radio Erbol.
La denuncia pretende iniciar al gobernante boliviano un juicio de responsabilidades.

Estas acusaciones fueron rechazadas hoy por los ministros de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y de Defensa, Wálker San Miguel, en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno.

San Miguel dijo que la denuncia presentada por Cossío pretende constituirse en una "cortina de humo" sobre las responsabilidades de este gobernador en el intento de "golpe cívico prefectural" gestado, a su juicio, en septiembre del año pasado contra Morales.

En su opinión, la acusación contra el presidente también pretende ocultar los "varios actos de corrupción" denunciados contra Cossío. El ministro de Defensa también argumento que la denuncia contra Morales no tiene sustento legal alguno, por lo que el Ejecutivo confía en que será rechazada por la Fiscalía General.

De su parte, Arce insistió en que la demanda "es una aberración jurídica" porque se cuestiona un decreto que "está totalmente amparado en derecho" y del que se han dado ejemplos parecidos en otros Gobiernos anteriores.

El objetivo de estos decretos era agilizar los procesos burocráticos de contratación de bienes y servicios en la petrolera estatal para potenciar su liderazgo en el sector de los hidrocarburos, que fue nacionalizado a mediados de 2006.

El ministro Arce señaló que "no hay que confundir el mal uso que se haya podido hacer de un decreto supremo" con supuestas fallas en la normativa y alteraciones de la legalidad.