Se autoriza a los afectados por un ERE a trabajar en otra actividad mientras se resuelve su situación

 En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que esta iniciativas seguirán un trámite de urgencia para que, una vez convalidadas por el Parlamento, puedan entrar en vigor "este año".

   El pasado lunes y tras reunirse la comisión de seguimiento del diálogo social, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, compareció ante la prensa para explicar esta iniciativas, que entrarán en vigor en un par de meses y cuyo coste ronda los 1.500 millones de euros, a los que habrá que añadir los 10.000 millones que el Ejecutivo se ha comprometido a aportar para garantizar el pago de las prestaciones por desempleo.

   La mayoría de las medidas necesitan instrumentación legal, por lo que se aprobarán vía decreto-ley y con tramitación de urgencia, aunque deberán ser convalidadas en el Parlamento. Aún así, el decreto-ley es sólo la traducción jurídica que presentó Trabajo el pasado lunes.

   De hecho, este jueves la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, explicó este  jueves que se aprobará el decreto ley y que el lunes posiblemente se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que entrarían en vigor al día siguiente, aunque tendrá que pasar un mes para que lo convalide el Parlamento. Rojo explicó que las medidas tienen un objetivo prioritario que es frenar la destrucción de empleo y contribuir al mantenimiento del empleo.

   Otra de las medidas que inicialmente había quedado fuera de este paquete de medidas era la mejora de los servicios públicos de empleo. Si bien, De la Vega anunció que los servicios de empleo del INEM se verán reforzados con más de 1.000 nuevos trabajadores, que se unen a los 1.415 trabajadores que entraron en 2008 como personal estructural para afrontar las mayores cargas de trabajo.

   Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la posibilidad de que las empresas "viables" puedan fraccionar o aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social para poder seguir desarrrollando su actividad.

   El decreto, elimina los periodos de espera entre el fin de la prestación contributiva por desempleo y el cobro del subsidio asistencial, y facilitar la contratación indefinida de trabajadores en paro que cobren prestación (tanto contributiva como asistencial) para utilizarla como una bonificación dirigida al empresario que contrate a estos trabajadores.

   Así, la empresa que contrate a estos trabajadores podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, hasta alcanzar un máximo equivalente al importe de la prestación que el parado tuviera pendiente de recibir a la fecha del contrato, con un límite para la bonificación de tres años y con la obligación de mantener en el empleo al trabajador contratado durante al menos un año (si le despide antes, la empresa tendrá que devolver las bonificaciones de las que se hubiera beneficiado).

   Esta medida, vigente para 2009 y con posibilidad de prorrogarse, será voluntaria para el trabajador que, en cualquier caso, no perderá sus derechos, pues si al año de contrato ve extinguida su relación laboral "recuperará íntegramente" los derechos que tenía en el momento de ser contratado.

Prestaciones

   Otra de las iniciativas que llevará a cabo el Gobierno es la de reponer, con un límite de 120 días, las prestaciones por desempleo a los trabajadores a los que se les haya suspendido el contrato de trabajo por causa de un expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión temporal que deviene en definitivo, es decir, que acaban siendo despedidos.

   La reposición de las prestaciones por desempleo será de 90 días en el caso de aquellos trabajadores que hayan agotado la prestación durante un ERE de suspensión temporal de empleo (que posteriormente no termina en despido). También en el caso de los ERE temporales, los empresarios que reciban autorización para suspender contratos o reducir jornada tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERE, con un máximo de seis meses. 

   Estas tres últimas medidas afectarán a los ERE presentados entre el 1 de octubre de 2008 y 31 de diciembre de 2009 y serán revisadas a finales del presente ejercicio para analizar su posible prórroga por un año.

   Asimismo, se favorecerá el mantenimiento del empleo mediante la concesión de aplazamientos en los pagos empresariales a la Seguridad Social. Esta medida no iba a ir incluida inicialmente en el decreto-ley porque no necesita tramitación legal, pero finalmente aparecerá como una disposición adicional del decreto.

   En materia de contratación a tiempo parcial, se implantarán bonificaciones para fomentar esta figura contractual, escasamente utilizada en España. Dicha bonificación será un 30% superior a la jornada pactada en el contrato, sin que en ningún caso pueda superarse el 100%. De hecho, para que el contrato reciba la totalidad de la bonificación, la jornada del contrato a tiempo parcial deberá ser equivalente al 70% de la jornada completa.

Sin apoyos.

   El nuevo paquete de medidas que aprobará  el Ejecutivo no cuenta con el apoyo incondicional de los agentes sociales pero, tal y como dijo Corbacho el lunes, el Gobierno entiende que ya ha habido suficiente debate y por eso no somete estas medidas al acuerdo.

   En concreto, a CC.OO. y UGT no les convencen todas las medidas que piensa adoptar el Gobierno, sobre todo las relativas a bonificar las cuotas de las empresas a la Seguridad Social, ya que a través de esta iniciativa no se crea empleo, sino que sólo se reducen los costes de las empresas. Por este motivo piden que a cambio de dichas bonificaciones exista un mayor compromiso empresarial en favor del mantenimiento del empleo.

   Asimismo, los sindicatos creen que la adopción de estas medidas urgentes y de coyuntura debe suponer un punto y seguido para el diálogo social, a fin de abordar un paquete de medidas más amplio en el que Gobierno, empresarios y sindicatos concierten y concentren sus esfuerzos en la consecución de un acuerdo sobre empleo, protección social y modelo productivo.

   Por su parte, desde CEOE y Cepyme, han lamentado que el diálogo social no sea más ambicioso y no entre a abordar reformas estructurales que contribuirían a frenar la destrucción de empleo, algo que sólo ocurrirá de manera puntual con el paquete de medidas del Gobierno.

   En concreto, consideran interesante e innovadora la conversión de la prestación por desempleo en una bonificación, y correcta pero insuficiente la bonificación empresarial en los ERE de suspensión. Además, a lo largo de la semana, la CEOE ha seguido insistiendo en la necesidad de abordar una reforma laboral que aborde el despido, el absentismo laboral y la rebaja de cotizaciones.

Ayudas a pymes

  El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobará también una nueva línea del Instituto Oficial de Crédito (ICO) para facilitar liquidez, dotada con un total de 6.000 millones de euros y destinadas a las medianas empresas que tengan problemas para financiar su capital circulante en la actual situación financiera.

   La nueva línea tendrá un funcionamiento similar al de la destinada a las pequeñas y medianas empresas, dotada con 10.000 millones de euros y que concede créditos de hasta 500.000 euros, si bien el importe máximo de estos nuevos préstamos será superior y llegará a los 10 millones de euros.

   Las ayudas están destinadas a la financiación de empresas medianas, definidas como aquellas con más de 250 trabajadores y una cifra de negocio de entre 50 y 4.500 millones de euros, y con ellas el ICO cubre el único tramo empresarial que tenía pendiente en temas de liquidez.

   La nueva línea estará dotada con un total de 6.000 millones de euros, de los que 3.000 millones serán aportados por el ICO y los 3.000 restantes por las entidades financieras que colaboren con la institución.

   Un total de 52 entidades han suscrito ya convenios con el ICO para la concesión de préstamos a cuenta de la línea ICO-Liquidez para pymes, que a día de hoy suman ya un total de 649 millones de euros (la mitad aportados directamente por el ICO), con 6.973 operaciones aprobadas.