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La Fiscalía crea un Servicio de Protección a las Víctimas de la delincuencia

martes 10 de marzo de 2009, 10:43h
La Fiscalía de Madrid ha puesto en marcha un nuevo Servicio de Protección a las Víctimas y Perjudicados de los delitos y faltas cometidos en la región. Los ciudadanos podrán recibir una información sencilla y adecuada sobre las diligencias que se inicien, sus derechos y su situación procesal, informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Este servicio, centralizado en la Fiscalía en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se encargará de supervisar a los distintos organismos que se encargan de la protección de víctimas y perjudicados para racionalizar el trabajo, colaborar en la prestación de sus servicios y facilitar la información que precise el ciudadano. También se prestarán medidas de protección y seguridad a  todas aquéllas víctimas o testigos que por sus especiales circunstancias de riesgo las soliciten y requieran.

Con el objetivo de combatir el crimen organizado y ayudar a quienes sufren situaciones de riesgo, la oficina contará con un registro especial de las personas que, de conformidad con lo prevenido en la ley de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales, tengan tal consideración. Se incluirá en el registro a quienes, a juicio del propio Servicio de Protección a las Víctimas y Perjudicados, puedan temer por su seguridad, aunque no exista una declaración judicial al respecto.

En estos casos, la Fiscalía velará para que la protección no se circunscriba tan sólo a la seguridad personal del protegido, sino que abarcará también los aspectos procesales y asistenciales. Para ello, los fiscales mantendrán con los ciudadanos afectados cuantas entrevistas consideren precisas y realizará una evaluación periódica de las circunstancias que concurran en cada situación concreta.

Este servicio constituye un paso más en la defensa de los derechos de las víctimas de las infracciones criminales. Y constituye un útil instrumento para ayudar en la reparación del daño moral y patrimonial que sufren quienes han sido perjudicados por un hecho delictivo. Según la Fiscalía, la reparación de los daños no puede ser fuente de más problemas para la víctima, que en modo alguno debe ser sometida por culpa del proceso a una victimización secundaria.
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