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Contratar o despedir

Mes a mes los contundentes datos del aumento del paro van confirmando el empeoramiento de una situación que tiene precisamente en la destrucción de empleo su primera y más grave consecuencia. A final de febrero se rozan ya los tres millones y medio de trabajadores en paro en nuestro país, 3.481.859 para ser exactos, de los que 387.545 corresponden a la Comunidad de Madrid.

La variación en los últimos doce meses a nivel nacional ha supuesto un incremento del desempleo de un 50,38%, mientras que en nuestra región la subida del paro en ese mismo periodo ha alcanzado el 51,78%. No cabe mayor elocuencia de unas cifras que nos indican que, ahora mismo, 600 trabajadores están pasando diariamente a engrosar las listas del paro en Madrid, lo que a este ritmo nos lleva a un escenario, a finales de 2009, de medio millón de desempleados en la Comunidad madrileña.

A la vista de esta realidad resulta evidente que no existe hoy ningún problema más importante, ni necesitado de más urgente corrección y solución, que el de este constante incremento del desempleo, máxime teniendo en cuenta las perspectivas para los próximos meses a las que acabamos de referirnos. Hay, por tanto, que empeñarse en la tarea de frenar la pérdida de puestos de trabajo y, a la vez, en ir preparando las condiciones para que, a través de la transformación del actual modelo productivo, se empiece a crear empleo y entremos de nuevo en una senda de crecimiento y estabilidad.

Pues bien, cuando esta es la preocupación compartida por toda la sociedad, que entiende que resulta urgente e inaplazable que no se siga destruyendo sino que se cree empleo, que se fomente la creación de puestos de trabajo, es decir, que se estimule la actividad y se favorezca el consumo y, por tanto, que se contrate a trabajadores y no que se los despida, nuestros empresarios, tanto a nivel nacional como en nuestra Comunidad, se descuelgan con unas propuestas que revelan una no muy responsable actitud.

Porque no de otra manera se pueden calificar los posicionamientos de unas patronales que insisten en sus errores habituales, pero que en las gravísimas circunstancias actuales de desempleo son injustificables de todo punto. Veamos.

Siguen proponiendo, como siempre, abaratar el despido para crear más empleo,  pretendiendo obviar semejante contradicción, ya que cabría preguntarles que, si lo que quieren es aumentar la contratación, porqué les interesa tanto tener mayores facilidades no para contratar trabajadores, sino para despedirlos.

Pero ahora la dirección de la CEOE propone, además, que la Administración no tenga que intervenir en los expedientes de regulación de empleo (ERE), con lo que tendrían las manos absolutamente libres para llevar a cabo despidos colectivos. Y eso a pesar de que más del 90% de los expedientes tramitados son aprobados por la autoridad administrativa correspondiente.

En Madrid, la CEIM, por su parte, sugiere la aprobación de un contrato llamado “de crisis” en el que la indemnización por despido improcedente sería de únicamente 20 días por año. Y aquí surgen también nuevas preguntas. ¿Quién decide cuando empieza y acaba esa “crisis” a la que se podría acoger dicho “contrato”? Y, por otro lado, si este contrato se pretende que sea “indefinido”, ¿por qué lo primero en lo que piensa el empresariado es en la cuantía de un despido que, en pura coherencia con ese carácter indefinido, no se debería producir prácticamente nunca?

De esta manera las direcciones de las patronales —no necesariamente todos los empresarios y menos aún los de las medianas y pequeñas empresas—, confunden deliberadamente los términos del debate, al usar la palabra “empleo” cuando denominan “contrato” a lo que, para ellos, sólo son nuevas fórmulas para abaratar los despidos o, lo que es lo mismo, al contrario de lo que parecen querer decir, para generar más desempleo. Al decir que les “resulta carísimo despedir” se están retratando en sus verdaderas y prioritarias intenciones, que parecen ser las de despedir y no las de contratar.

A este respecto hay que recordar la creciente cantidad de contratos ya existentes que fijan distintas indemnizaciones. Por ejemplo, en el contrato eventual por circunstancias de la producción y en el contrato por obra y servicio, la indemnización por finalización de contrato es de 8 días por año trabajado, y en el contrato para el fomento de la contratación indefinida, la indemnización por despido  improcedente es de 33 días por año. Por otro lado no se pueden olvidar todos aquellos otros casos en que el despido, basado en causas objetivas, no es declarado improcedente, estando entonces ya fijada la indemnización en sólo 20 días.

Tienen una notable repercusión mediática los ERE de las grandes empresas que están dejando en la calle a muchos trabajadores, pero no es menos cierto, y es muy importante que insistamos en ello, que el grueso del desempleo se produce como consecuencia de la finalización de contratos temporales de uno u otro tipo que no se vuelven a renovar, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.

Por todo ello, el fortísimo descenso del empleo, por ejemplo en el sector de la construcción, se ha hecho efectivo y se ha visualizado de un día para otro sin que apenas haya habido expedientes de regulación de por medio. Siendo así el panorama, con un crecimiento desbocado del número de trabajadores en paro, no pueden entender los ciudadanos que los objetivos apenas ocultos de las cúpulas empresariales, además de obtener las rebajas fiscales, subvenciones y ayudas oficiales que siempre reciben, sean los de tener facilidades crecientes para despedir y para recortar los derechos de los trabajadores.

Sorprende que la contestación de las organizaciones empresariales a la apuesta por el diálogo social que hacemos los Sindicatos ante una crisis que está dejando en la calle y sin trabajo a millones de personas, sea la de proponer la adopción de una serie de medidas que van a agravar la situación de desempleo y de precariedad laboral que padecen hoy, más que en otros países y regiones de nuestro entorno, los trabajadores españoles y madrileños.  

El camino no puede ser ese, porque sin trabajo, sin un empleo estable y de calidad, sin derechos laborales y sin salarios dignos, no se sostendrá ni se recuperará el consumo, y sin consumo no habrá reactivación económica, y sin reactivación no podremos salir de una crisis que puede convertirse en un círculo vicioso del que no podamos escapar en mucho tiempo. En definitiva, los empresarios tienen que saber resolver, solidariamente con el resto de la sociedad, una disyuntiva que no es otra que la de decidir entre si quieren contratar o quieren despedir. Porque esta disyuntiva implica también, aunque no se quieran dar cuenta, en el primer caso si quieren salvar sus empresas y, en el segundo, si no las van a poder mantener por la propia desaparición de la mano de obra sin la cual no puede existir ninguna empresa. Esta es la cuestión.

José Ricardo Martínez
Secretario General de UGT-Madrid
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