Hace un año el Gobierno comunicó a los armadores que el 14 de marzo de 2009 quedaría prohibida la pesca de arrastre y les invitó a reconvertir la flota.
De acuerdo a cifras del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) la medida afecta a 248 embarcaciones y a unos 1.700 tripulantes.
Al anunciar la medida, el presidente venezolano, Hugo Chávez, indicó que estos barcos se dedicaban preferentemente a la captura del camarón, destinado a la exportación, y que desechaban toneladas de diferentes pescados que quedaban atrapados en las redes lo cual, en su opinión, era inaceptable.
Para el Gobierno, el total de capturas destinadas al mercado interno apenas representa el 6 por ciento, porcentaje que se verá ampliamente cubierto con el aumento que aportará la pesca artesanal o tradicional al eliminarse la depredación del arrastre.
Sin embargo, representantes de los armadores declararon a medios locales que ellos aportan el 40 por ciento del pescado fresco que se consume en el país y vaticinaron un periodo de escasez, hasta que sea cubierto el vacío dejado por los arrastreros.
Por su parte, portavoces de los pescadores artesanales, que faenan cerca de la costa con salidas que no pasan del día, expresaron su júbilo por la medida ya que suponen que aumentarán sus capturas a mediano plazo.
El pasado 11 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calificó de "positiva" la medida porque se tomó "en base a estudios y análisis profundos en cuanto al recurso y las posibilidades que hay para reducir el impacto ambiental que esta actividad genera".
El representante de la FAO en Venezuela, Francisco Roberto Arias, aplaudió "las alternativas de generación de ingresos que está planteando el Gobierno Nacional a las familias involucradas en esta actividad".
Entre esas alternativas está la reconversión de los arrastreros y la posibilidad de que el Estado compre aquellos buques cuyos armadores no puedan o no quieran efectuar el cambio, para incorporarlos a empresas de concepción socialista gestionadas por los pescadores.
Por otra parte, aunque los pescadores que quedarán temporalmente sin empleo no llegan a los 2.000, fuentes de los propietarios indicaron que el problema afectará de entrada a unas 50.000 personas si se incluyen descargadores, mecánicos, electricistas, camioneros, procesadores, personal administrativo y, en general, a toda la industria auxiliar.
Portavoces de Insopesca señalaron que unidades de la Guardia Nacional (policía militarizada) están apostadas en los muelles de los puertos pesqueros para garantizar que la medida sea acatada sin excepciones.
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