La procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, abrió una investigación tras los señalamientos de David Murcia contra Roberto Velásquez padre e hijo, a quienes mencionó como destinatarios de 3 millones de dólares que ‘invirtió’ en Panamá, al entregarlos para las campañas políticas a la alcaldía y a la presidencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Pero aparte de esa obligación de la justicia panameña, la opinión del país se ha movilizado contra el todavía supuesto delincuente, quien muestra contradicciones en sus declaraciones, las entrega a cuentagotas y sin pruebas.  La procuradora no desestima los pronunciamientos de Murcia Guzmán, pero espera que el gobierno colombiano le permita interrogarlo, para obtener una declaración jurada que permita convertir sus palabras en una causa de la justicia.

La procuradora Gómez tuvo acceso a la información sobre las donaciones de las campañas recibió de parte de los magistrados del Tribunal Electoral (TE), y dijo que está dispuesta a abrir una, una vez legitime los argumentos de Murcia, para lo cual coordina con el fiscal general de Colombia la posibilidad de interrogar al detenido.

Al peso que carga Murcia sobre sus hombros se ha sumado una declaración del embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, quien no descartó que Murcia pudiera ser pedido en extradición. “No quiero esconder que sí hay evidencias de que él hizo algunas de sus actividades en Estados Unidos, que por supuesto da a nuestro sistema legal la posibilidad de pedir su extradición”, dijo Brownfield.

Los panameños son concientes –con su presidente Torrijos a la cabeza- de que las declaraciones de Murcia podrían afectar la imagen del país a nivel internacional. Torrijos negó la semana pasada, en tono que no genera dudas, que la seguridad presidencial haya prestado servicio de escoltas a David Murcia Guzmán.