La Sección Primera de la Sala de lo Penal juzgará hasta el 3 de abril al general y los dos oficiales que llevaron a cabo la repatriación de los militares, que fallecieron el 26 de mayo de 2003 en lo que supuso la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.
El teniente fiscal de este órgano,
Fernando Burgos, pide al tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal,
Javier Gómez Bermúdez, que condene a cinco años de prisión al general médico
Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y a cuatro años y medio a los dos médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante
José Ramírez y el capitán
Miguel Sáez. A todos ellos les acusa de un delito de falsedad en documento oficial.
Por su parte, la Asociación de Familias Afectadas por el Accidente del Yak-42 y otros dos grupos de allegados a los fallecidos piden seis años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que otras dos acusaciones particulares reclaman penas de prisión de tres años. En la causa también está personada la Abogacía del Estado, que solicita que no se condene al Estado como responsable civil subsidiario.
Las víctimas, presentes
Hasta la sala de vistas en la que se desarrollará el juicio se acercaron medio centenar de víctimas de los fallecidos que acudieron "con esperanza" a la Audiencia Nacional al considerar que
"hay Justicia en España, aunque en este caso haya costado seis años".
"El general Navarro tendrá que explicar por qué no identificó a los nuestros, por qué les sorteó y por qué les quitó el nombre", señaló Sencianes antes de agradecer la labor desarrollada por los medios de comunicación desde que se produjo el accidente.
"Sin vosotros, quizá el Yak se hubiera quedado en el anonimato de cada fallecido", dijo.
La Fiscalía también solicita que Navarro y los otros dos oficiales sean inhabilitados durante cinco y cuatro años, respectivamente, y que además se les condene a pagar sendas multas de 30.000 y 24.000 euros. Las familias elevan estas cantidades a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente.
De igual forma,pide que el Estado indemnice con 25.000 euros a cada uno de los cónyuges, padres e hijos de los 30 militares que fueron identificados de forma errónea, mientras que las familias piden otros 6.000 euros para los hermanos de las víctimas.
Testigos
Durante el juicio comparecerán una veintena de testigos, entre los que se encuentran el teniente general Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor de la Defensa que dirigió las investigaciones sobre las identificaciones y la posterior exhumación de los cadáveres; el teniente general José Antonio Beltrán, coordinador de las operaciones de identificación y repatriación de las víctimas del accidente; y el entonces cónsul en Estambul, Raimundo Ezquerra.
El tribunal rechazó las declaraciones del ex presidente del Gobierno
José María Aznar, de los ex ministros de Defensa
Federico Trillo y
José Bono, y de otros altos mandos militares, al entender que sus testimonios
"no son útiles para el fin del proceso".