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Laboristas se unen al Gobierno de ultraderecha de Netanyahu

Laboristas se unen al Gobierno de ultraderecha de Netanyahu

miércoles 25 de marzo de 2009, 03:37h

Laboristas se unen al Gobierno de ultraderecha de NetanyahuTarde decisiva para el futuro del partido que fundó el Estado de Israel, que montó su programa nuclear, que estableció su sistema educativo, que dirigió las guerras en las que se jugó todo y que sufre un permanente declive desde hace 30 años. Para escritores del prestigio de Amos Oz, un proyecto sin porvenir.

Todo ello cruzó la mente de muchos de los cerca de 1.400 miembros del Comité Central del alicaído Partido Laborista, que anoche votaron enfrentados a un dilema: sumarse a la alianza del Gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu (680 votos) o quedarse en la oposición (507 votos). Venció Ehud Barak, líder de la formación, que luchaba por su carrera política, apoyado por cinco parlamentarios. Resta por ver qué harán los siete diputados derrotados que se oponen fervientemente a la alianza. El riesgo de cisma en el grupo parlamentario es patente.

"La elección no es entre dirigir o no la oposición, sino entre ser la quinta rueda del vagón de la oposición o ser una fuerza central en un Gobierno de derechas e influir en una política apropiada para el Estado de Israel", suplicó Barak.

Eitan Cabel, secretario general y uno de los más reacios a la coalición, replicó con contundencia: "Lo que nos ha matado durante la pasada década es la pérdida de fe en nuestro camino. Nos hemos convertido en la Unión Nacional [partido de la extrema derecha nacionalista y religiosa] del sector laico. Intentamos cambiar las cosas desde dentro y estamos muriendo lentamente".

El laborismo, en efecto, impulsó desde los años sesenta la colonización de los territorios palestinos más que la derecha y ha adoptado decisiones propias de los halcones más aguerridos. Perdió la identidad. Los siete diputados opinan que sin el trago amargo de la travesía por la oposición no se puede renacer de las cenizas.

Netanyahu planteó por la mañana a Barak una oferta irresistible: cinco ministerios, entre ellos Defensa —para el propio Barak— y Comercio e Industria. El jefe del Likud se comprometió a aplicar también varios programas sociales: reciclaje de trabajadores, atención para niños de mujeres trabajadoras, pacto para no reducir sueldos de funcionarios y aumento paulatino de las pensiones, entre otras concesiones.

Pero los siete rebeldes habían enviado el lunes a Netanyahu una carta en la que le advierten que no contará con su apoyo en la Kneset. El primer ministro tiene así asegurados 59 de los 120 escaños de la Cámara a la espera de añadir otro partido (Unidad por la Torá y el Judaísmo o La Casa Judía). La amalgama de la coalición —grupos con intereses tan dispares como los derechistas ultraortodoxos del Shas o la extrema derecha laica de Yisrael Beiteinu— presagia que el Ejecutivo sufrirá del mal de la inestabilidad, una constante en las dos últimas décadas en Israel. Precisamente lo que desea la presidenta de Kadima, Tzipi Livni, que promete mantenerse en la oposición con la esperanza de ver el desplome del Gobierno encabezado por el Likud.

El pacto de Gobierno prevé también el respeto a los acuerdos suscritos por Israel con la Autoridad Palestina (AP). En términos muy difusos. El documento suscrito con Netanyahu —que pretende paliar la imagen radical de su Ejecutivo a los ojos de Barack Obama— sólo habla de proseguir el proceso de paz. No menciona la necesidad de establecer un Estado palestino, frase que el próximo primer ministro se niega a pronunciar.

Los analistas aseguran que Barak tampoco cree en la posibilidad de fundar ese Estado en la próxima década y es una eventualidad incompatible con las posiciones de otros socios extremistas. Entre los acuerdos firmados con la AP figura la Hoja de Ruta. Papel mojado que ordenaba desmantelar los outposts, las colonias ilegales a juicio del propio Tribunal Supremo israelí y de Gobiernos anteriores. Son más de cien. Aún siguen en pie. Lo paradójico es que el propio Barak, responsable del Ministerio de Defensa durante los últimos dos años, era responsable de desmontar esos asentamientos.


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