Preguntado acerca de si la manifestación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) del pasado enero reclamando el reconocimiento de derechos para los agentes de este Cuerpo había supuesto algún impulso para la aprobación de estos textos, Mesquida aseguró que los trabajos se iniciaron "hace muchos meses y han concluido sin ningún tipo de presión, de ninguna naturaleza".
"Se ha hecho un trabajo serio, riguroso y a partir de ahí el Gobierno primero, y el Parlamento después, deberán continuar con la tramitación de la ley", indicó Mesquida, quien añadió que los expedientes abiertos contra los 20 guardias civiles tras la manifestación de la AUGC en Madrid "siguen su curso".
Asimismo, pese a que aseguró que "hay que esperar al trámite" que se desarrollará a partir de la aprobación de hoy, con estas dos iniciativas "se cumplen los compromisos electorales adoptados por el Partido Socialista".
La principal aportación del nuevo Régimen Disciplinario es la desvinculación para la Guardia Civil del Código Penal Militar y, por tanto, la supresión de la sanción de arresto. El nuevo Estatuto de Derechos y Deberes, según informaron fuentes del Instituto Armado, incluye la creación de un Consejo de la Guardia Civil, como órgano de representación de los guardias ante la Dirección de la Benemérita y el Ministerio del Interior.
El retraso en la ejecución de estas reformas durante casi tres años provocó que la AUGC, mayoritaria en el Cuerpo, convocase varias protestas, la última, una concentración en la Plaza Mayor de Madrid el 20 de enero pasado, a la que 3.000 agentes, según AUGC, acudieron de uniforme. Por ello, el Ministerio del Interior ha abierto expediente a 20 dirigentes de la Asociación por falta grave que, a día de hoy, continúan siendo tramitados.
La aprobación
La principal aportación del nuevo Régimen Disciplinario es la desvinculación para la Guardia Civil del Código Penal Militar y, por tanto, la supresión de la sanción de arresto. El nuevo Estatuto de Derechos y Deberes, según informaron fuentes del Instituto Armado, incluye la creación de un Consejo de la Guardia Civil, como órgano de representación de los guardias ante la Dirección de la Benemérita y el Ministerio del Interior.
El retraso en la ejecución de estas reformas durante casi tres años provocó que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, convocase varias protestas, la última, una concentración en la Plaza Mayor de Madrid el 20 de enero pasado, a la que 3.000 agentes, según AUGC, acudieron de uniforme. Por ello, el Ministerio del Interior ha abierto expediente a 20 dirigentes de la Asociación por falta grave que continúan siendo tramitados.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene previsto comparecer el próximo martes ante la comisión de Interior del Congreso, y a petición propia, para explicar estas reformas en la Guardia Civil, informaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Además, tendrá que responder a las cuestiones planteadas por PP e IU derivadas de los citados expedientes, que pueden derivar, incluso, en la expulsión del Cuerpo, y que llevan aparejada una suspensión cautelar de tres meses para los dirigentes de AUGC.
El Gobierno ha repetido por activa y por pasiva que ambas reformas no suponen la desmilitarización del Instituto Armado, que seguirá vinculado al Ministerio del Interior y al de Defensa. Por su parte, la AUGC asegura que el retraso en la aplicación de las reformas se debe a la oposición firme de los generales de la Benemérita y las Fuerzas Armadas, algo que el PSOE le llegó a reconocer en privado, según fuentes de la Asociación.
Trámite del nuevo régimen
Desde que el anteproyecto de Ley del nuevo Régimen Disciplinario pasó por primera vez por el Consejo de Ministros, se han pronunciado al respecto el Consejo General de Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
La Comisión de Estudios del CGPJ aprobó por dos votos a uno un informe que considera "incongruente" la reforma disciplinaria del Gobierno por eliminar la Jurisdicción Militar cuando los agentes realicen funciones policiales, como ocurre la gran mayoría del tiempo, a pesar de no perder en ningún momento su naturaleza militar. Esta supresión del Código Penal Militar produce un "efecto de desmilitarizar" a la institución en uno de sus aspectos fundamentales, añadió el CGPJ.
Por su parte, el Consejo Fiscal aprobó otro informe en el que se proponía que el Anteproyecto estableciese que las sanciones impuestas a los miembros del Instituto Armado sean revisadas por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y no por la Militar, como establece el artículo 79 de la reforma, ya que ello "genera dudas" de si colisiona con la definición que de la jurisdicción militar hace la Constitución.
Si (
No(
