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CEIM pide una lista de las deudas que tiene las administraciones con las empresas

lunes 30 de marzo de 2009, 13:46h
La Junta Directiva de CEIM aprobó en su última reunión una declaración institucional respecto a las deudas que mantienen las administraciones públicas con las empresas en la que se pide la publicacion de un listado de las deudas que mantienen las diferentes administraciones con el conjunto de las empresas.
En esta misma línea, exigen que se arbitren los mecanismos necesarios para que se cumpla estrictamente la legislación vigente y las empresas cobren en 60 días, a través del ICO o de cualquier otro instrumento y proponen una reforma global del sector público, para aportar soluciones a la crisis en lugar de agravarla. En este sentido, el presidente de CEIM, Arturo Fernández, afirmó que no van a permitir que las empresas sigan financiando a las administraciones.

En su declaración institucional, CEIM afirma que la preocupante situación por la que atraviesan las empresas madrileñas y españolas, por los efectos de la crisis financiera y económica y, especialmente, por las dificultades de acceso a la financiación privada, se está viendo agravada ante la falta de cumplimiento legal de las Administraciones Públicas de atender en plazo sus compromisos de pagos con las empresas.

Desde CEIM se ha insistido que el proceso de ajuste económico derivado de la actual recesión económica, va a suponer una pérdida de riqueza en términos generales que debe ser asumida por todos, sea el sector público, sea el sector privado. No es aceptable, según esta institución, que mientras el sector privado, familias y empresas, se ven obligadas a ajustar sus gastos para poder sobrevivir, el sector público siga instalado en la complacencia y no haya adoptado medidas eficaces de austeridad.

Entre las medidas que exige CEIM están la transparencia en la gestión pública; el arbitraje de los mecanismos para hacer frente a los compromisos de pago ya adquiridos; el establecimiento de los instrumentos de compensación justos y adecuados; el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de aplazamiento de pagos y la creación urgente de un grupo de trabajo en el Tribunal de Cuentas que analice la situación y proponga las medidas necesarias.
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