UNA DECISIÓN INFELIZ

En 1983 siendo Comandante Jefe de la Guardia Nacional, apoyado por los oficiales, clases y tropas de la institución  y meritorios funcionarios del gobierno de entonces encabezado por el  presidente Ricardo De La Espriella, convocamos al pueblo a un referéndum  para introducir reformas impostergables y democratizadores a la  Constitución de 1972.

 El referéndum  fue aprobado por el pueblo soberano el 24 de abril de ese año con un SÍ de 476,716,  frente a un  NO de 66,447.  Las reformas no eran otra cosa que seguir implementando el retorno paulatino hacía la democracia, tarea patriótica que había iniciado en 1978 el Jefe de Gobierno, General Omar Torrijos  y que  había quedado inconclusa  al   desaparecer éste en fatal accidente el 31 de julio de 1981.

 El objetivo principal de aquellas reformas del 1983 fue perfeccionar la separación y funcionamiento  de los tres Órganos del Estado y a la vez  ubicar a la  Fuerza Pública y el  poder de las armas, subordinándola a esos mismos órganos del Estado en función de   soporte  y anclaje, estable y seguro, donde reposa el Estado.

En otras palabras, las reformas nunca pretendieron  la subordinación de la  Guardia Nacional, hoy Policía Nacional, al control y  conducción  de los partidos políticos a través de la figura de un Director Civil.  Las reformas constitucionales de 1983 nunca pretendieron el trastrocamiento de la personalidad de la institución uniformada.

Los acontecimientos de 1968 habían trasladado el poder real  a los cuarteles de la Guardia Nacional y no era la primera vez que eso ocurría.  Siendo un oficial bisoño, sin experiencia política alguna, comprendí que en condiciones extraordinarias el poder real se  radicaba en los cuarteles  pero  la salud política de la Nación exigía siempre un retorno a la institucionalidad.

Eso también lo comprendió Omar Torrijos y de allí su repliegue político y el inicio de la vuelta a la institucionalidad democrática en forma paulatina.  Pero el proyecto de la consolidación democrática se desvaneció y colapsó por  ambiciones de poder y disputas en la cúpula militar.

El colapso de la conducción militar llegó de manera definitiva con  la invasión de las fuerzas norteamericanas y el sistema de gobierno que imperaba en la República retornó al kilómetro cero. El país fue ocupado y la administración pública intervenida por  oficiales del ejército estadounidense.

Circunstancias muy delicadas  de la seguridad nacional y de subsistencia del Estado panameño obligaron--y era lo correcto entonces—a diseñar la figura del Director Civil para la Policía Nacional en 1990.   Durante 18 años  ejercieron  el cargo de Director de la Policía Nacional ciudadanos probos y honorables, todos  miembros del partido político en el poder.  Esos directores llevaron todos—en alguna medida—la influencia de sus partidos  a la Policía Nacional.

Aunque evidenciaron esmero y esfuerzos meritorios por cumplir con tan difícil tarea,  casi todos obtuvieron al final  bajas calificaciones en la opinión ciudadana, muy posiblemente por su falta de experiencia  en la labor policial. El 3 de junio de 1997 el presidente Ernesto Pérez Balladares sancionó  la Ley 18 que  reglamenta e institucionaliza  el Cuerpo de la Policía Nacional.

 En el artículo 41 de la mencionada ley, y violando varios artículos constitucionales, principalmente el 305, se niega el derecho a ocupar el cargo de Director General  a los  miembros de la Policía Nacional  y  se da validez legal a   la figura intrusa  del Director  Civil.

Ante el clamor y demanda nacional de una seguridad ciudadana más eficiente, el presidente Martín Torrijos reforma el articulo 41 de la ley orgánica de la Policía Nacional, introduce  la figura  del Director General surgido de las filas de la Carrera Policial  y designa sucesivamente a los   Comisionados Jaime Ruiz y Francisco Troya en el máximo cargo en la institución policial.

Bajo mi perspectiva, la seguridad viene mejorando aunque en forma lenta y pesada,  como responde el barco de carga al  timonazo  y no en forma rápida que sería lo ideal.  Existe la percepción, surgida por las declaraciones de los tres candidatos al soleo presidencial, que se   retornará al modelo ya exhausto y agotado del  Director Civil.

En mi opinión, si esto ocurre la seguridad nacional recibirá un durísimo revés.  Retornar a la figura de un Director Civil es someter a la Policía y a la sociedad al calvario que va a representar el periodo de aprendizaje de este funcionario—que por muy capaz que sea—no será inferior a dos años.  Esa, en mi opinión, es una decisión infeliz.

Debo expresar que nada sustituye el incentivo de pertenecer a una institución y competir dentro de la carrera policial por la distinción de  llegar a ser el Director General. Los aumentos salariales no reemplazan la mística y la autoridad moral que se construyen día a día en la carrera policial.

 Los aumentos salariales para el hombre uniformado y de filas tienen un efecto temporal y el costo de la vida, siempre ascendente, desvanecerá el impacto  inicial  que produjo.  En tanto, el desencanto con una carrera engañosa, inexistente y penetrada por la clase política, persistirá por un tiempo mayor e igualmente persistirán  los efectos nocivos de esta influencia.

Por ejemplo, aun hoy la Policía Nacional viene depurando lentamente para no causar traumas un lastre pesado de corrupción y politiquería que surgió en forma de favoritismos y dádivas a la alta oficialidad, hechos en los que incurrieron al menos dos Directores Civiles  buscando  lealtades y apoyo a sus respectivas corrientes políticas y que  causaron un grave daño a la moral institucional y un pobre desempeño profesional.

Los panameños amantes de la libertad nos hemos comprometido a realizar inaplazables rectificaciones de errores históricos generacionales que vienen desde 1904. Para lograrlo es imprescindible no solo la participación del pueblo soberano,  sino también el concurso  de la Fuerza Pública.

 Si aceptamos las cosas con el realismo y objetividad, debemos acordar   despolitizar la Policía Nacional y alejar su conducción  de manera definitiva  de la pasión política y relación directa con los intereses de los partidos políticos que alcanzan el poder.