De cada cien euros destinados por la Comunidad a los inmigrantes, 65,6 van a parar a la sanidad y otros 23,8, a educación, según se desprende del Plan de Integración para los próximos cuatro años.
Madrid ya tiene un plan para la integración. Y no le falta detalle: se han incluido desde las medidas dirigidas a fomentar la convivencia en la educación hasta las actuaciones sanitarias, pasando por las que atacan la violencia de género o fomentan la interculturalidad.
En total, según el documento, presentado este martes por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, serán 7.397 millones de euros los que se destinarán durante los próximos cuatro años a mejorar la convivencia; solo en 2009, 1.764. Y, de ellos, la mayor parte, el 65,6 por ciento, se los llevará la Consejería de Sanidad.
La explicación radica en que en estas cifras se han incluido "absolutamente todas" las actuaciones que tienen que ver con la inmigración. En otras palabras, que más allá de los objetivos que se marca el Plan de Integración, esos 4.856 millones que destina el documento a Sanidad para el próximo cuatrienio son aproximadamente lo que cuesta la atención sanitaria del 17,12 por ciento de los habitantes de la región, es decir,
los de origen extranjero, según explicaron a
Madridiario fuentes del departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty.
La segunda gran partida presupuestaria se la lleva el ámbito de la educación, con un 23,8 por ciento. Les siguen, muy de lejos, los presupuestos destinados a acciones de bienvenida y acogida (198 millones para los próximos cuatro años) y mujer, familia y juventud (194 millones).
Segundas generaciones
Lasquetty explicó, en declaraciones a
Madridiario, que este nuevo plan responde a las nuevas necesidades derivadas de la propia evolución de los inmigrantes en nuestra región. Así, prestará especial atención a las segundas generaciones —tanto los jóvenes que se han reunido en Madrid con sus familias como los que han nacido aquí— y a la formación y el empleo, dada la actual situación de crisis.
Sin embargo, los sindicatos UGT y CCOO no están de acuerdo en este último punto y echan en falta medidas contra el empleo irregular, además de señalar que solo un 2,05 por ciento de las medidas del plan se dedican a empleo y formación. La portavoz de IU en la Asamblea,
Inés Sabanés, añadió que "no se tiene en cuenta la crisis ni que el 20 por ciento de los parados madrileños ya son de origen extranjero".
Por su parte, la portavoz socialista en la Comisión de Inmigración de la Asamblea,
María Antonia García, criticó que el plan haya sido aprobado "sin enviárselo antes a los diputados y sin la participación de los ayuntamientos, consejos vecinales y el movimiento asociativo, en un alarde del autoritarismo más enfermizo".
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