Otegi será juzgado este miércoles

Otegi ya fue condenado por esta causa a 15 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación en mayo de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), mientras que otro dirigente de Batasuna huido, Jon Salaberría, resultó absuelto. No obstante, esta sentencia fue anulada en enero de 2005 por el Tribunal Supremo, al apreciarse  vulneración del derecho de Otegi a un juez imparcial.

   El alto tribunal ordenó repetir la vista oral que, por carecer ya el dirigente abertzale de fuero al perder su condición de diputado autonómico, debía celebrarse ante la Audiencia Nacional, y no ante el TSJPV. Esta decisión fue confirmada recientemente por el Tribunal Constitucional.

   El pasado viernes, el tribunal que tendrá que entender de este caso rechazó la pretensión de aplazar el juicio defendida en primer término por la representación letrada de Salaberría, a la que se sumó la defensa de Otegi, y posteriormente el fiscal Fernando Burgos.

   La Fiscalía interesó el aplazamiento ante la necesidad de obtener información suplementaria sobre el archivo definitivo del proceso para Salaberría (cuya absolución en 2004 no fue recurrida, y podría ser firme), y para una tercera encausada, Araitz Zubimendi, que fue también juzgada y absuelta por este homenaje en el TSJPV, aunque en una vista independiente de la celebrada contra los otros dos dirigentes de la izquierda abertzale.

   Los integrantes del tribunal -Fernando Bermúdez de la Fuente, Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel- acordaron "suspender la tramitación del procedimiento respecto del acusado rebelde y mantener el señalamiento del juicio respecto del otro acusado debidamente citado", que es Otegi.

   La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido que utilizará el mismo escrito de calificación empleado por el Ministerio Público en el juicio ante el TSJPV, que tiene fecha de septiembre de 2003.

   En este escrito se relata que Otegi acudió junto con otros parlamentarios autonómicos de Batasuna al entierro de Castresana en el cementerio Polloe de San Sebastián, el 30 de julio de 2001. Desde la llegada del féretro y en los actos posteriores que allí se realizaron, se sucedieron gritos por parte de los presentes como "gora ETA" y otros que traducidos al castellano significan: "El pueblo no perdonará", "Olaia gudari (soldado) no te olvidaremos", "somos gudaris, no terroristas", "PNV culpable" y "Seguimos en la lucha".

Expresiones juzgadas

   En el curso de estos actos, tomó la palabra Otegi para "agradecer la labor de todos los gudaris vascos que han caído en esta larga lucha por la autodeterminación". Asimismo, ensalzó a los "gudaris de ETA" que "se nos van con la dignidad silenciosa", en referencia clara a Castresana.

   A lo largo de su discurso, según detalla la Fiscalía, Otegi señaló que el debate de la autodeterminación "no se ha conseguido ni en la lucha institucional ni en otro tipo de luchas", sino por "el trabajo de la izquierda abertzale", momento en el que pidió el "aplauso más caluroso para todos los gudaris que han caído en esta larga lucha".

   Añadió que en aquellos momentos existía "una generación nacida con el Estatuto que se adhiere a la lucha armada para expresar su compromiso político, lo que demuestra que generación tras generación y aunque la lucha siga siendo muy dura, ésta pasa de mano en mano", al tiempo que destacó que "apostar por el Estatuto no hace sino prolongar el convlicto y Olaia Castresana es una prueba".

   Tras la intervención de Otegi se bailó un aurresku de honor y posteriormente el féretro sobre el que habían colocado una ikurriña con el crespón negro y una bandera con el anagrama de ETA fue portado a hombros por Otegi, Salaberría y Zubimendi entre otros allegados de la fallecida.

Apedrear un autobús

   Por otra parte, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzará a juzgar el jueves a Martín Michelena, Ignacio Mate y Juan Carlos Álvarez por lanzar piedras el 27 de agosto de 2002 contra dos autobuses en San Sebastián.

   El fiscal Luis Barroso solicita imponer a cada uno una multa de 6.500 euros y el pago de una indemnización de 3.600 para "La Compañía del Tranvía de Donosti" propietaria de los vehículos.