El Partido Popular ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento cántabro en torno al expediente del edificio Lagunilla, en la que también pretende que se investiguen el conjunto de relaciones de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad con la empresa Tragsa desde el año 2007 hasta marzo de 2009.
Los 'populares' quieren que pasen por esa comisión "todas y cada una de las personas que han participado" en el expediente del edificio Lagunilla para aclarar las "falsedades" que, a su juicio, existen en ese expediente. Y es que, según el PP, la certificación de obras no ejecutadas no es la única "falsedad" en torno a este asunto, sino que hay "varias y gravísimas".
Así lo dijo este miércoles en rueda de prensa el portavoz parlamentario del Partido Popular, Francisco Rodríguez, quien rechazó además las explicaciones ofrecidas ayer por el consejero, Jesús Oria, y criticó que achaque a un error administrativo unas certificaciones firmadas por cuatro personas diferentes.
Para Rodríguez, lo sucedido con la obra de reforma del edificio, que tiene ya certificaciones de ejecución cuando ni siquiera ha comenzado, es "inexplicable, inconcebible e intolerable por muchas estrategias de laboratorio o pócimas mágicas" que pretenda utilizar el consejero. Según afirmó, "lo único que existe" son las certificaciones de obras, y "lo demás es estrategia de laboratorio para entretener y seguir disimulando ante la opinión pública".
El diputado del PP espera que los grupos parlamentarios apoyen la petición 'popular' de crear una comisión de investigación, máxime cuando el propio consejero ha mostrado su disposición a trasladar a la oposición la información que sea pertinente.
Falsificación y ocultación maliciosa
Sobre la posibilidad de trasladar los hechos a los tribunales si no se aprueba la comisión de investigación, Rodríguez aseguró que en principio siguen esperando a que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, atienda la petición que le han hecho de que sea él quien lo ponga en conocimiento de la justicia, ya que, a su entender, Oria habría incurrido en un delito de falsedad en documento público.
Por otro lado, el portavoz 'popular' opinó que el "victimismo" de Oria "no se justifica", porque él ha sido el "actor principal", y recalcó además que en su justificación el consejero ha empleado la "mala fe" y ha hecho una "ocultación maliciosa", cuando, a su juicio, lo que debe hacer Oria es "asumir las consecuencias".
Además, rechazó que se responsabilice al Ayuntamiento de Santander del retraso en la concesión de licencia porque, según dijo, se solicitó en septiembre de 2008 y en octubre el Consistorio respondió planteando los problemas que había con la documentación.
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