El presidente Obama, entre la espalda y la pared

Las revelaciones sobre el entramado legal del Gobierno de George W. Bush para legitimar la tortura en interrogatorios a sospechosos de terrorismo han generado una fuerte presión sobre el presidente Barack Obama para que procese a los responsables.

El presidente estadounidense ha sugerido que quiere cerrar ese capítulo y ha dejado claro que no se enjuiciará a los que llevaron a cabo las torturas, pero no ha descartado la posibilidad de que se tomen medidas contra aquellos que las legitimaron. El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, reiteró este miércoles que Obama considera que el contenido de los memorandos legales desclasificados el pasado jueves "debe ser motivo" para reflexionar "y no un momento para castigos".

La desclasificación de cuatro memorandos, mediante los que la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia proveyó durante el Gobierno de Bush el marco legal para que la CIA empleara la asfixia simulada y otras prácticas coercitivas en interrogatorios a detenidos, ha suscitado una gran polémica y controversia en EEUU.

La publicación este miércoles de un informe del Senado, que indica que el anterior Gobierno comenzó a preparar el uso de técnicas coercitivas en interrogatorios antes de ser autorizadas legalmente y semanas antes de que la CIA capturara al primer sospechoso de terrorismo de alto nivel, solo ha añadido más leña al fuego. A este informe se suma un memorando del director de los Servicios de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, publicado en la prensa, en el que señala que "la información obtenida mediante estas técnicas fue valiosa en algunas ocasiones".

No obstante, también agrega que "no hay ninguna manera de saber si esta misma información podría haber sido obtenida mediante otros medios".
Los memorandos, tres de los cuales fueron elaborados en 2005 por Steven Bradbury y uno escrito por Jay S. Bybee en 2002, ambos abogados de la oficina legal del Departamento de Justicia, fueron desclasificados en respuesta a una querella de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Los informes revelan los métodos coercitivos que se aplicaban y justificaban, y que incluían el uso de insectos en cajas en las que se introducía a los interrogados, la privación del sueño, la asfixia simulada y el estampar al sospechoso contra paredes, entre otros.