Según un
auto hecho público este miércoles, el juez pide además al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2,
Ismael Moreno, que le remita la información que obra en la causa que tiene abierta este magistrado por los vuelos secretos de la CIA en dirección a la prisión que habrían hecho escala en territorio español.
Las nuevas diligencias abiertas por
Garzón son independientes de la querella presentada contra seis miembros de la Administración del ex presidente de EE.UU.
George W. Bush, que sentaron las bases legales para la apertura de la cárcel y cuya admisión a trámite será considerada por el juez
Eloy Velasco.
Los cuatro presos que denunciaron torturas en Guantánamo son
Hamed Abderraman Ahmed (de nacionalidad española),
Lahcen Ikassrien (marroquí),
Jamil Adullatif El Banna (de origen palestino) y
Omar Deghayes (libio). Todos ellos se enfrentaron en España a la acusación de pertenencia a organización terrorista aunque finalmente ninguno fue condenado por este delito.
La investigación de Garzón tiene como objetivo identificar "
a las personas que tuvieron bajo su guardia y custodia a los detenidos y a los que autorizaron o practicaron" las torturas descritas en el auto, que podrían ser constitutivas de varios delitos contemplados en el Código Penal español, la Comisión de Ginebra sobre trato a prisioneros de guerra y otros tratados internacionales.
Documentos desclasificados
El auto del magistrado indica que los documentos sobre Guantánamo desclasificados por la Administración norteamericana desde la toma de posesión como presidente de Barack Obama "
han revelado lo que antes se intuía", en referencia a
"un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido".
Garzón, que avanza que solicitará estos documentos a Estados Unidos, refiere
"la existencia de una acción concertada para la ejecución de una multiplicidad de delitos de torturas contra las personas privadas de libertad" que se llevaba a cabo tanto en la prisión de Guantánamo como en otras, entre las que cita Bagram, en Afganistán. No obstante, hace sólo unos días el ex subsecretario de Defensa de EEUU,
Douglas Feith, advirtió de que "
España no tiene derecho a juzgar a ex funcionarios del gobierno de Estados Unidos" por supuestos abusos de derechos humanos en la prisión militar estadounidense de Guantánamo, pero Garzón no se ha dado por aludido y en cambio sí cree que es competente para investigar la causa.
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El instructor cita en su auto la sentencia que el Tribunal Supremo dictó en junio de 2006 para absolver a
Hamed Abderraman Ahmed, en la que se ponía de relieve
"la detención de cientos de personas sin cargos, sin garantías y por ello sin control y sin límites". El alto tribunal hablaba entonces de "
una situación de imposible explicación y menos justificación desde la realidad jurídica y política", y concluía que Guantánamo constituía "
un verdadero 'limbo' en la comunidad jurídica".
La resolución judicial también describe minuciosamente las torturas denunciadas por los cuatro presos, que incluyen agresiones sexuales, malos tratos físicos y psíquicos, insultos y humillaciones, interrogatorios constantes sin asistencia de abogados, confinamiento en celdas de hierro y malla metálica --lo que potenciaba el calor sobre los detenidos--, luz eléctrica encendida permanentemente y música alta potenciada a través de altavoces.
Otras de las torturas denunciadas son amenazas de muerte por envenenamiento o inmersión en el mar, provocaciones sexuales durante los interrogatorios, la introducción de alfiles en la carne, el empleo del látigo o el untamiento de heces, golpes en los testículos y otras partes del cuerpo o inoculación de sustancias que según aseguraban portaban enfermedades.
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