Esteban González Pons, realizó estas afirmaciones en el Parque Natural de La Mata-Torrevieja, durante una rueda de prensa en la que aseguró que la orden de suspensión
"se mantendrá en tanto no se presenten las justificaciones inexcusables de ubicación de la planta desaladora en el ámbito donde se ejecuta la actuación objeto del expediente sancionador, durante la sustanciación del expediente sancionador, lo que se llevará a efecto a partir del día siguiente a la recepción de la notificación del presente acuerdo, que se ha remitido esta misma mañana a Acuamed".
En caso contrario, según añadió, "se procederá de forma subsidiaria a la reparación del daño causado a su costa, que consistirá en el precintado de las obras, pudiendo llevar aparejada la retirada de la maquinaria existente, así como la restauración de las parcelas afectadas por los movimientos de tierras al estado anterior a la iniciación de las obras".
A su juicio, "la empresa estatal Acuamed no tiene otra alternativa jurídica que acatar la resolución" porque "de no parar las obras 'motu propio' la Generalitat acudirá al juez para que ordene su paralización y al fiscal por presunto delito contra el medio ambiente".
Además, el conseller incidió en que se "paraliza la desaladora porque el Ministerio ha incumplido la legalidad vigente" y agregó que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, "será la responsable de las decisiones políticas que adopta, pero la obligación del Consell es paralizar el proyecto tal como haríamos si la iniciativa la hubiera presentado una empresa privada".
Impacto negativo
En esta línea, González Pons recordó que el ministerio "ha comenzado las obras de la desaladora en el área de predominio agrícola A del Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja sin la autorización previa y vinculante de la Conselleria de Territorio y Vivienda", cuando "se trata de una zona de gran valor ambiental porque de su protección depende el equilibrio ecológico del parque natural".
De la misma forma, argumentó que el Ministerio de Medio Ambiente "sólo podría implantar en esta zona de protección A la desaladora si justificase que no existe ningún otro lugar para poder acometer el proyecto, y no es el caso, porque existen otros muchos lugares donde implantar la desaladora, y no precisamente en el área de protección de un parque natural".
Además, según González Pons, "el proyecto de ampliación de la desaladora de Torrevieja no cuenta con declaración de impacto ambiental favorable, tampoco la estación eléctrica que alimentaría la planta desaladora, y el vertido de salmuera se realizaría directamente sobre la zona LIC de Cabo Roig, que contiene, entre otras, el hábitat prioritario de las praderas de poseidonia".
Así mismo, según añadió, "la desaladora supondría la construcción de 22 kilómetros de tubería para la conducción de la salmuera y de otros 11 productos químicos como lejía y ácido sulfúrico, que arrasarían las praderas de poseidonia".
"Por sus dimensiones, la desaladora arruinaría el futuro turístico del municipio de Torrevieja, al ubicarse cerca del puerto y del propio municipio, con los consiguientes impactos de humos, tuberías, ruidos y contaminación atmosférica", según el conseller, quien destacó que "nunca pondré una bomba ecológica en la provincia de Alicante".
Finalmente, el conseller defendió el trasvase del Ebro como solución al déficit hídrico de la Comunitat Valenciana y afirmó que el trasvase del Ebro
"hubiera traído a la Comunitat Valenciana en 2008 el doble de agua con la mitad del consumo energético, con la tercera parte de emisiones de CO2, a mitad de precio y con menor impacto ambiental".
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