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Uno de los nuestros

Hace algunos años un conocido dirigente nacionalista lloraba ante las cámaras de Euskal Telebista visiblemente afectado por la muerte de un empresario guipuzcoano y militante de su partido que había sido asesinado por ETA, al tiempo que afirmaba, justificando su dolor, que habían matado a «uno de los nuestros».

Conforme a ese mismo espíritu, que penetra profundamente a la clase política de nuestro país, el pasado fin de semana el PNV y el PSE, han celebrado diversos actos de homenaje al lehendakari Ibarretxe y al secretario socialista Patxi López con motivo de la admisión a trámite de sendas querellas y denuncias interpuestas contra los mismos ante la Sala de lo Penal del TSJ del País Vasco por cooperación en el delito de desobediencia a la sentencia del Tribunal Supremo ilegalizando a Batasuna. Recordemos que los hechos se remiten a las reuniones mantenidas con Otegi y otros dirigentes que actuaban en nombre de Batasuna y no en el suyo propio como personas físicas.

Cualquier partido tiene perfecto derecho a homenajear a uno de los suyos si considera que han hecho méritos suficientes para ello, pero lo que no debe es presentar la admisión a trámite de una querella contra un dirigente como una decisión política o un atentado directo contra la separación de poderes, pues que se admita a trámite una querella no es sino la forma normal u ordinaria de actuación de un poder judicial que tiene encomendada la función de someter a todos a la legalidad, incluyendo a los máximos responsables institucionales, mediante la interpretación y aplicación de la ley.

Efectivamente, todos, insisto, nos encontramos sujetos al imperio de la ley y la comprobación de si se ha cometido o no un delito, como controversia jurídica, es una tarea que corresponde en exclusiva a jueces y magistrados. Admitir lo contrario supondría tanto como aceptar que los políticos, situándose por encima de la ley, pudieran decidir caprichosamente si cumplen o no esa misma ley, o si acatan o no una sentencia judicial, desdeñando así la independencia de los poderes del Estado. Por eso es un disparate decir, como se ha dicho en Gernika este fin de semana, que al lendakari sólo le pueden juzgar los electores, o que los jueces faltan al respeto y consideración a las instituciones vascas.

En otro tiempo, cuando un responsable público era sometido a una investigación judicial se le apartaba prudencialmente del ejercicio de su cargo hasta que el procedimiento finalizaba y se despejaban las dudas ocasionadas sobre el carácter aparentemente delictivo de los hechos. En el momento actual, los querellados son objeto de homenajes y reconocimientos, se desacredita abiertamente a los miembros del Tribunal, y se pretende influir en sus decisiones mediante todo tipo de amenazas.

Efectivamente, cuando se trata de «uno de los nuestros», según expresión de resonancias cinematográficas, es preciso reaccionar, para demostrar al amigo la solidaridad corporativa y al enemigo exterior la capacidad de respuesta frente a lo que se considera una agresión. Pero en un verdadero Estado de derecho la respuesta debería ser estrictamente jurídica, sin injerencias, ni gestos cara a la galería que nos recuerdan a las lamentables peregrinaciones a la cárcel de Guadalajara para rendir homenaje a los dirigentes socialistas que fueron condenados por los gravísimos crimenes de los GAL. También entonces y salvando las distancias, las supuestas agresiones judiciales eran injustas y arbitrarias.

Situemos el debate en términos de estricto Derecho y dejemos trabajar a los Tribunales en la seguridad de que en ningún caso las presiones y las descalificaciones condicionarán la decisión de unos órganos que como el Tribunal Superior del País Vasco, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han demostrado que cumplen y hacen cumplir la ley.

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Juan Pablo González es Vocal del Consejo General del Poder Judicial para el País Vasco

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