En apenas 48 horas, es decir, desde el próximo miércoles 10 mayo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) comenzará a recabar la tan debatida y controvertida Declaración Patrimonial, pese al dictamen del Juez Noveno de lo Civil del Guayas.
Un dictamen que fue apelado por el SRI porque, según su Director, nadie le ha otorgado al grupo de juristas el derecho a representar los intereses del pueblo. “Los accionantes no tienen atribuciones o competencias para acudir a la Justicia en representación o a nombre del pueblo ecuatoriano”, dijo Carlos Carrasco.
La Declaración tiene su origen en la Ley de Equidad Tributaria de 2007 y la deberán realizar las personas naturales que tienen activos superiores a los 200 mil dólares, considerado el porcentaje que les corresponda en la sociedad conyugal o unión de hecho que integren; y el de sus hijos no emancipados.
De manera que esta semana la Declaración sin dudas ocupará la atención de gran parte de la ciudadanía.
En una entrevista televisiva reciente Carrasco afirmó que así se podrían cruzar los datos de anual declaración de rentas y la patrimonial, y detectar posibles anomalías. Estos procedimientos son comunes en otros países, pero en Ecuador se tornan, dada la politización de todo, en armas arrojadizas contra los adversarios de un bando o de otro.
Aunque se diga lo contrario, es probable que nunca sea un asunto en el que intervengan los dos actores involucrados: el Estado y el ciudadano. He ahí la “piedra de tropiezo” del asunto.
Si (
No(
