Hay que rechazar la peligrosa función que se atribuye de forma arbitraria al Conartel de censurar los contenidos de un noticiero de televisión. Y preocupa y causa rechazo la intromisión arbitraria de la Secretaría de Transparencia al arrogarse la función de juez supremo para decidir qué noticieros de radio y de televisión cumplen parámetros éticos y cuáles no los cumplen y hasta de clasificar a los medios y ciudadanos a los que estos entrevistan de acuerdo a si se muestran a favor o en contra del Gobierno. ¿Quién les ha dado esa función? Bien sabemos que en el campo público los funcionarios deben hacer solo aquello que señala de forma explícita la normativa legal. La libertad de expresión y de prensa no son graciosas concesiones del Estado. Son derechos básicos que corresponden a las personas y las colectividades. Los intentos burocráticos de coartar la libertad de expresión asumiendo los funcionarios el papel de jueces finales de la ética y la verdad de la información son propios de regímenes autoritarios y dictaduras, pero no de sistemas democráticos.
Esas arbitrariedades se producen en medio de una clima hostil hacia la prensa generado desde el poder por los reiterados ataques del presidente de la República a los medios de comunicación y los periodistas y sus continuas descalificaciones.
Cuando el congresillo se prepara a aprobar una Ley de Comunicación preocupan más estas señales de intolerancia y falta de comprensión del papel de la prensa y de la libertad de expresión. Respetar a la prensa como un espacio en el que se debaten las diferencias y se exponen críticas a los podres es esencial para la construcción de la democracia. "Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre", señala la Declaración de Chapultepec.
Opinión de HOY
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