Son evidentes los esfuerzos por mejorar el equipamiento de ambas instituciones, robustecer la calidad de sus servicios y ajustarlos a las necesidades de seguridad de la sociedad en su conjunto. Pero sería muy peligroso que la política y los políticos cuando estén en el poder intervengan en la vida institucional interna tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía.
En esta dirección podrían dirigirse las reformas a la Ley de Personal de la Policía, aprobadas en segundo debate por la Comisión Legislativa. Se dice que las anima el espíritu de “desconcentrar” las funciones dentro de ella, y se establece que los candidatos a generales y coroneles recibirán sus grados por Decreto Ejecutivo.
Por intermedio de un decreto ministerial, se otorgarán los demás grados oficiales superiores y subalternos, y los grados de aspirante a oficial, clases, policías y aspirantes de policía, por resolución del Comandante General de la institución.
La baja de los oficiales superiores se declarará mediante Decreto Ejecutivo y por acuerdo ministerial para los demás grados oficiales superiores y oficiales subalternos.
Se aclara que los nombramientos serán grado por grado, según el Art. 22 de la Ley de Personal de la Policía y de acuerdo con el orden de los ascensos. Pero ¿habrá previsto la Comisión alguna disposición que equilibre y desideologice esas decisiones? ¿Cómo evitar que no obedezcan a coyunturas o a simpatías políticas? Confiemos que esto se haya previsto, pero nuestra historia, desgraciadamente, apunta en esta dirección.
Si (
No(
