Los réditos del terrorismo

Puede parecer una paradoja, pero el terrorismo como amenaza o como realidad puede producir réditos a personas o grupos ajenos a su actividad criminal, en contraposición a las propias organizaciones que no consiguen ni sus objetivos políticos -nunca los consiguieron-, ni siquiera un reconocimiento popular a sus acciones delictivas que tratan de justificar con razones políticas generosas, pero que acaban convirtiéndose en una dinámica criminal con unas remotas reivindicaciones. Y la sociedad percibe que detrás de la violencia terrorista solo queda el instinto de supervivencia y el aborrecimiento hacia el “otro”.

En el caso del terrorismo etarra la situación no es muy distinta. Después de treinta años de violencia criminal el apoyo popular ha disminuido sensiblemente; la posibilidad de alcanzar sus objetivos de independencia es absolutamente inexistente; las actividades terroristas se encuentran con dificultades crecientes; y han llegado a la convicción de que la estela de muertes y secuestros que han dejado a lo largo de su existencia es rechazada por todos, sin excepción.

En estas razones hay que buscar la disposición de los etarras a abandonar la lucha armada y a buscar una salida negociada a su situación. Pero las dificultades son incalculables.

Por una parte, la izquierda abertzale sigue supeditada a las directrices de la banda y prisionera de un concepto extravagante de la democracia y del estado de derecho, que conciben como vehículos útiles y aplicables tan solo cuando se benefician de sus normas, pero rechazan cuando les exigen las mismas obligaciones que a otros ciudadanos y grupos. La renuencia  a cumplir con la ley de partidos, por más que se trate de una norma aprobada “ad hominem”, pero en fin de cuentas refrendada legalmente por el parlamento español, es paradigmática de esta posición equívoca de los batasunos, que quieren participar con arreglo a las leyes en la política municipal, pero no quieren cumplir los requisitos previos que exigen las leyes. Nadie puede entender que no se produzca una condena de la violencia etarra o que adapten sus estatutos con una declaración explícita en tal sentido. La persistencia en tal actitud no beneficia, desde luego, a la izquierda abertzale, que verá muy limitada su representación en las instituciones locales y facilitará la migración del voto de sus electores a otras formaciones que se identifiquen con alguno de sus rasgos esenciales, el nacionalismo o el izquierdismo.

Pero también, en otro sentido, la derecha española ha encontrado en el terrorismo un filón que le permite mantener su ofensiva contra el gobierno socialista y que con el apoyo de otras organizaciones satélites del partido popular como algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, permiten incrementar la animosidad de un sector del electorado conservador contra todo lo que tenga relación con lo socialista. Consolidada la alianza con la jerarquía católica, con muy contadas excepciones, el partido popular puede mantener abiertos dos grandes escenarios de confrontación: el conjunto de normas que rechaza el magisterio eclesial (ley de educación, matrimonio y adopción por homosexuales, la despenalización del aborto, la facilitación del divorcio, etc.), y la política antiterrorista que con sus sucesivas incidencias permite arremeter contra el gobierno de Rodríguez Zapatero demonizando actuaciones como las excarcelaciones que se han venido produciendo durante todos los gobiernos de la democracia y calificando otras decisiones de traición, prevaricación, indignidad., infamia y otros conceptos semejantes. Es evidente que esta táctica de alimentar la crispación en la sociedad con la política sobre terrorismo del gobierno le permite al partido popular mantener su suelo electoral y fidelizar el voto, no por adhesión a un líder y a unos principios, sino por aversión a todo lo que representa el partido gobernante. En otras palabras, le produce unos réditos electorales inmediatos. Pero tendrían que considerar las cabezas pensantes y bienintencionadas del partido popular si esta táctica puede mantenerse sin destrozar la convivencia pacífica en nuestro país; tendrían que pensar en el riesgo de que este enfrentamiento de máxima dureza se traslade a la sociedad con episodios de violencia, de los que ya se han producido unos cuantos casos. En otras palabras: si esos presuntos réditos se conseguirán a costa de una onerosa deuda.