La Iglesia católica esconde información sobre abusos

La Iglesia católica pidió hoy al Tribunal Supremo de Connecticut que reconsidere su decisión de permitir que miles de documentos judiciales sobre supuestos casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes salgan a la luz, informó hoy la diócesis de Bridgeport en su página web.

El tribunal de ese estado decidió el pasado mayo que las más de 12.600 páginas que integran los documentos relacionados con los procesos judiciales a que se enfrentaron seis ministros católicos de esa diócesis podían ser publicados, tal y como pedían los diarios The New York Times, The Washington Post y The Boston Globe. "Esa decisión suscita preocupaciones significativas y merece que sea revisada por la totalidad de los integrantes del tribunal y no solo por un panel dividido", explicó la diócesis en el recurso de apelación presentado hoy.

La diócesis de Bridgeport se declaró "profundamente decepcionada" por la decisión judicial y pidió una revisión de la misma, ya que sostiene que debe ser el pleno de los magistrados que componen el Tribunal Supremo de Connecticut el que falle sobre la misma, y no un grupo de ellos.

Los documentos que quieren examinar esos medios de comunicación se corresponden con 26 demandas presentadas contra seis sacerdotes a los que se acusaba de haber abusado sexualmente de menores en el seno de esa diócesis estadounidense y cuyos casos fueron resueltos en 2001.
Existe un interés entre los medios de comunicación por tener acceso a esos documentos, ya que de ellos se desprendería cómo actuó el cardenal Edward Egan cuando era obispo de Bridgeport ante las acusaciones que se presentaron contra sus sacerdotes.

Egan fue obispo de esa diócesis entre 1988 y 2000, y cuando abandonó ese cargo para encabezar la archidiócesis de Nueva York se le acusó de no haber comunicado a las autoridades las quejas que recibió sobre los sacerdotes y de dejar que siguieran con sus labores habituales. Según la diócesis de Bridgeport, la decisión judicial que permite la difusión de los documentos vulnera la privacidad y los derechos constitucionales de los afectados.