Son millones los venezolanos que no se calan la alcahuetería del gobierno con los invasores
El Táchira es el estado menos chavista del país y lo ha manifestado una y otra vez en sucesivos torneos electorales. Esa condición, que habla muy bien de la cultura democrática de un pueblo y de su conciencia política, ha sido aguijoneada por el peor de los castigos que un gobernante le puede infligir a sus gobernados: la muerte, el secuestro, la extorsión y la imposición sistemática al racionamiento de productos de primera necesidad y de la gasolina.
Ese maltrato permanente obedece a la actitud desafiante de los tachirenses ante un gobierno que los somete al arbitrio de grupos irregulares armados colombianos y venezolanos (FARC, ELN, FBL, paramilitarismo, narcotraficantes y hampa común), que actúan bajo la mirada impávida y cómplice de los cuerpos de seguridad, sobre todo de los militares. No voy a citar cifras porque a estas alturas resulta irrelevante y todo el mundo sabe que esos grupos se reparten el estado, aun cuando a veces los acuerdos se rompen y ocurren entonces sangrientas refriegas por el control de determinadas zonas.
Campamentos establecidos, libre tráfico a lo largo del borde fronterizo, atención médica en clínicas de San Cristóbal y Rubio a jefes guerrilleros, así como la actuación de la guerrilla como Estado que cobra impuestos a la población (poco a los pobres, mucho a los más prósperos), en sectores donde un "cucho" (comandante ya viejo) hace las veces de alcalde y autoridad militar, dan cuenta de una vergonzosa situación y no sólo en el Táchira, sino en el Zulia, Mérida, Barinas, y Apure) que el gobierno tolera porque en el caso de sus aliados (FARC y ELN) estos derivan beneficios mil millonarios de sus actividades en territorio venezolano, mientras que las FBL (cuerpo chavista y binacional) opera bajo las mismas condiciones y en calidad de ejército de "reserva".
Las pruebas abundan y sólo hay que revisar los discursos del Presidente para barruntar por donde andan los tiros en la frontera. Evidentemente, las comunidades se encuentran en un callejón sin salida porque los gobernadores no tienen ni los recursos, ni las atribuciones para combatir a verdaderos ejércitos irregulares y el gobierno central deja hacer porque así castiga a quienes les han negado el apoyo electoral.
Pero en la ya desgastada fórmula de atribuirle al enemigo sus propias taras, el Presidente y sus piezas ministeriales acusan a los gobernadores Pérez Vivas y Pablo Pérez, de vínculos con el paramilitarismo, sin aportar una sola evidencia. Sobre esta base intentan la ocupación militar de esos estados (como lo denunció Pérez Vivas) y el desalojo de los gobernadores, desconociendo la voluntad popular. Pero no la tienen fácil y así como no pueden cerrar Globovisión, tampoco podrán secuestrar a millones de venezolanos que ya no se calan la alcahuetería criminal del gobierno con los invasores.
rgiusti@eluniversal.com
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