Oneto, exculpado de una demanda de Piñeiro

Nada menos que un año de cárcel y una indemnización de 200.000 euros es lo que el líder de aquel efímero Partido Regional Independiente de Madrid (PRIM), Nicolás Piñeiro, le pedía en los tribunales al periodista José Oneto, pro un presunto delito de calumnia. Claro que, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, y los tribunales han puesto las cosas en su sitio: Oneto ha quedado libre de toda culpa, según sentencia emitida la titular del Juzgado de lo Penal Número 17 de Madrid, María Luisa Álvarez.

 Todo empezó en el programa “Día a Día”, de Tele 5, el 11 de junio de 2003, que coincidió con la ‘espantá’ de los tránsfugas socialistas madrileños Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez en la elección de la presidenta de la Comunidad Autónoma. Oneto, que participaba en el citado programa televisivo, respondió a la pregunta de un telespectador recordando el caso de Nicolás Piñeiro, “tildado por los medios de comunicación como el primer tránsfuga de la democracia”, ocurrido en 1989.

Los medios de comunicación habían dicho que por abstenerse en la moción de censura en la Asamblea de Madrid de aquel año, Piñeiro “podría haber cobrado 500 millones en pesetas y una gasolinera en Algete". Y, así, Oneto, “haciendo memoria histórica” recordó que: “Había percibido 500 millones de pesetas y una gasolinera”.

Por esas manifestaciones, Piñeiro llevó a Oneto a los tribunales, solicitando la pena arriba señalada. Pero esto es lo que dice la juez al respecto: “Sin que tales expresiones en el contexto en el que fueron vertidas y teniendo en cuenta que la fama y el honor del Sr. Piñeiro estaban devaluadas, puedan incardinar el tipo delictivo de las calumnias, al no haber quedado acreditado que se infirieran con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad” (sic).

Así de crudos son los ‘hechos probados’, según la juez del 17 Penal, ya que “el voto del Sr. Piñeiro fue decisivo para que no prosperarse la moción de censura promovida por el CDS y Alianza Popular” contra el Gobierno de Joaquín Leguina, evitando así que Alberto Ruiz-Gallardón fuera presidente autonómico antes de que de verdad lo hicieran las urnas.

         Pueden ver de forma íntegra la sentencia pinchando aquí.