El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que solicitará que el Consejo de Participación Ciudadana realice una veeduría sobre la terminación unilateral de los contratos que su hermano mayor, Fabricio, realizó con el Estado.
El anuncio lo formuló pocas horas después de haber reprochado a su hermano por haber obtenido contratos públicos y tras haber ordenado a todas las instituciones del Estado que hayan pactado con él, que anulen los convenios.
Anoche, en un mensaje a la nación, Correa recriminó a su hermano por haber obtenido contratos públicos, lo que ha destapado una ardua polémica y ha sido recogida como "caballo de batalla" de la oposición contra el Gobierno.
El escándalo saltó hace dos semanas, cuando el diario Expreso reveló que los negocios públicos de Fabricio Correa superaban los 80 millones de dólares, operaciones que el mandatario no conocía.
"Todavía no se ha logrado determinar una sola ilegalidad en los mencionados contratos y, si después de las investigaciones que hemos solicitado a los organismos de control se llegara a establecer alguna, tengan la seguridad de que será sancionada con todo el rigor de la ley", afirmó ayer el gobernante.
Recordó que su Gobierno propuso la enmienda en la ley de contratación pública, aprobada en julio de 2008, para que se prohíba a las instituciones públicas que contraten con hermanos del Presidente, lo que en el pasado sí se permitía.
El mandatario reconoció que la enmienda solo precisaba que se prohibía los contratos con "personas naturales", es decir, como sujetos, pero no lo hacía como "personas jurídicas", representantes o socios de empresas.
En su informe semanal de labores, Correa aseguró hoy que se mantendrá en la línea de la revolución ciudadana con transparencia que ha propugnado desde el inicio de su administración.
"Sé que mi hermano va a ser mi hermano toda la vida, pero también mis principios y mi conciencia me van a acompañar toda la vida. Así que mi deber principal es con mi conciencia, con este proceso de cambio, con mi patria, con millones de ciudadanos que confían en nosotros y no puedo permitir que esa imagen, que nuestra integridad se vea afectada por los negocios de quien fuera", dijo.
Así, Correa ratificó su decisión de que, "con mucho cuidado y apego al derecho", se empiece la terminación unilateral de todos los contratos que las instituciones del Estado tengan con su hermano.
No obstante, anotó que "esto no va a ser fácil" porque desde el punto legal "las cosas están muy bien hechas".
Dijo ha solicitado al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Julián Guamán, que realice una veeduría ciudadana, en la que podría estar el periodista del medio de comunicación que hizo la investigación del caso, para que vigile los procesos de terminación de contratos.
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