El suelo ha tocado techo

   En nuestro país la especulación con el suelo ha dado lugar a desarrollos urbanísticos monstruosos, y no me refiero desde el punto de vista estético, que también. Por eso la nueva Ley del Suelo intentará frenar que se continúe por la senda de los despropósitos. Porque despropósito es que en Seseña se haya permitido construir más de 13 mil viviendas sin poder garantizar el abastecimiento de agua. Y despropósito es ese proyecto de levantar una nueva Manhatan en Cullera, pueblo costero que ya está bastante saturado y que difícilmente puede albergar una persona más. Pero no solo son los casos de Seseña o de Cullera los que constituyen una piedra de escándalo. En nuestro país algunos ayuntamientos han permitido que algunos constructores hayan infligido un duro daño, irreparable, al medio ambiente. Nuestras costas son un muro de hormigón, y son pocas las playas que no están tapiadas por bloques de hoteles y apartamentos.

   Lo que el Gobierno propone es que aquellos proyectos urbanísticos que lleven consigo el aumento de la población en más del 20% tengan que pasar por más filtros, por más controles, incluso ¡sería de sentido común¡ que la Administración Central, es decir el Estado tenga voz y voto. Naturalmente los nacionalistas han puesto el grito en el cielo porque no están por la labor de que se limiten sus competencias, pero a estas alturas son evidentes los problemas que provoca la desaparición del Estado. Claro que lo curioso no es que los nacionalistas no estén a favor de la ley, sino que el PP también se oponga.

   Es evidente que hay miles de alcaldes honrados, pero solo hay que echar una mirada a los titulares de los periódicos para saber que en algunos ayuntamientos ha habido corrupción, y que las recalificaciones del suelo han servido parta enriquecer a muchos. Hay decisiones, como la recalificación del suelo, que no pueden estar solo en manos de una corporación municipal, porque las consecuencias tienen efectos que van más allá del propio ámbito municipal. Poner coto a los especuladores y evitar la corrupción es uno de los efectos que busca la nueva ley, y eso que es una ley que se queda corta precisamente porque el PSOE no quiere disgustar a sus socios nacionalistas, pero aún así da un paso adelante, por eso no se entiende la postura del PP. ¿Es que los populares no quieren acabar con éstos escándalos inmobiliarios? Lo que está claro es que todo lo que se refiere al suelo público ha tocado techo, y no se puede consentir por más tiempo que se sucedan los escándalos.