Esa designación fue concretada sin consulta previa, dice Marsans, aún accionista mayoritario de Aerolíneas Argentinas, pues el juicio de expropiación de la compañía por parte del Estado argentino todavía no concluyó.
Mariano Recalde es un abogado vinculado a la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, cuyo líder, Hugo Moyano, es uno de los principales aliados al Gobierno.
Recalde fue designado al frente de Aerolíneas el pasado día 7 y asumió el cargo formalmente este jueves.
El nombramiento de Recalde, que sustituyo a Julio Alak -ahora ministro de Justicia- se formalizó mediante una asamblea en Aerolíneas Argentinas de la que no participó ningún representante de Interinvest (Marsans), por lo que el grupo español elevará una queja al directorio de la compañía.
El nuevo presidente de la compañía aérea dijo a radio Milenium, que con la carta de objeción Marsans "está presionando para conseguir una indemnización por la expropiación" de Aerolíneas.
Un resarcimiento que, aseguró, no va a obtener "porque la decisión política fue bien clara" y el Tribunal de Tasación estableció que la empresa "ni siquiera vale cero".
Según argumenta el Gobierno argentino, Marsans no ejerce ningún derecho sobre las acciones de Aerolíneas pues así lo estipula la ley que aprobó el Parlamento en noviembre pasado para permitir la expropiación de la compañía.
Esa norma, que permitió al Estado iniciar un juicio de expropiación aún en curso, estableció que el Poder Ejecutivo es el que ejerce todos los derechos sobre las acciones sujetas a expropiación, por lo que Marsans no tendría injerencia alguna en la elección del nuevo presidente.
"Es cierto que todavía no concluyó el procedimiento para expropiar las acciones, pero lo que dice la ley es que mientras dure el procedimiento el Estado nacional puede asumir el control y la dirección del bien a expropiar", señaló Recalde.
"Hay un decreto y una ley que avalan perfectamente la acción del Estado y mi designación", añadió.
Los representantes del grupo español dentro del directorio de Aerolíneas renunciaron a sus cargos a inicios de febrero pasado, cuando el Estado asumió el control total de la compañía, intervenida desde julio de 2008 cuando la empresa entró en una grave crisis financiera.
El Gobierno argentino busca un acuerdo con la europea Airbus para la provisión de aviones a Aerolíneas Argentinas, convenio clave para destrabar el conflicto con Marsans por la expropiación de la línea área.
Se trata de un acuerdo tripartito por el que Marsans, a través de una de sus subsidiarias, transferirá a Aerolíneas Argentinas un contrato de compra a Airbus firmado en 2007.
A su vez, Airbus y Aerolíneas establecerán en un nuevo convenio la cantidad, características y plazos de entrega de las aeronaves, que podrían ser entre doce y catorce, y se aplicarían a rutas internacionales.
Si se concreta esta cesión de contrato, Marsans lograría que Airbus le devuelva el adelanto ya abonado por el acuerdo firmado en 2007 -unos 210 millones de dólares- y se libraría de un potencial juicio por incumplimiento del contrato de compra con el fabricante europeo.
Con la recuperación de ese dinero, la empresa española levantaría la reclamación contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Una demanda que ese tribunal del Banco Mundial ya aceptó tramitar y en la que Marsans podría llegar a pedir un resarcimiento por mil millones de dólares.
Si toda esta operación se concreta, Marsans podría darse por conforme con el "valor simbólico de un peso" que el Estado argentino fijó por Aerolíneas Argentinas en el juicio sumario de expropiación, iniciado en febrero pasado en la Justicia nacional.
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