El Ayuntamiento se reunirá el lunes con los vecinos de la Cañada

Este encuentro fue solicitado por la presidenta de esta asociación ciudadana, que dijo que se personará el lunes en la sede de Urbanismo para entrevistarse con la delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, en una reunión ya cerrada en la que le expondrá los deseos del Sector IV de compra de los terrenos donde se levantan sus viviendas. Fuentes municipales, sin embargo, insisten en que ese encuentro no está programado.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, señaló esta misma semana que el equipo de Gobierno no se reuniría con los vecinos de la Cañada Real hasta que éstos no se agruparan en una entidad reconocida por la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) porque, de lo contrario, el Ayuntamiento mantendría reuniones "de forma discrecional" con personas que, a título individual, defienden una causa pero que no representan al conjunto de la ciudadanía afectada.

En cuanto a la posibilidad de que estos ciudadanos puedan comprar los terrenos donde ahora se levantan sus viviendas, Ruiz-Gallardón recordó esta misma semana que la desafectación de los terrenos "no significará el traspaso de titularidad porque será un bien patrimonial propiedad de la Comunidad de Madrid". El Gobierno regional remitió el jueves al Consejo Económico y Social de la Comunidad (CES) el anteproyecto de ley, que posteriormente será enviado a la Asamblea de Madrid para su definitiva aprobación. Una vez esté lista la ley, la Comunidad procederá a la desafectación del suelo, y entre todas las administraciones se seguirá negociando para alcanzar el acuerdo social.

Por su parte, la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, recordó ayer que la cesión o enajenación de los terrenos no tendrá lugar hasta que se alcance el consenso en lo social. A partir de ahí, serán los ayuntamientos implicados (Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada) los que, en el desarrollo de sus competencias, proyecten la ordenación del territorio. En la misma dirección, Martínez, que pidió "prudencia" a la hora de abordar el problema, aseguró que no habrá interlocución con los vecinos hasta que no se alcance un pacto entre las administraciones sobre los aspectos sociales, para el cual, según recoge el anteproyecto de ley, hay un plazo de dos años.
 
"Cuando ese acuerdo social se aborde entre las administraciones, entonces será cuando proceda la interlocución con los ciudadanos", apuntó, distinguiendo lo que es la interlocución con representantes legales de intereses, que serán atendidos por los servicios jurídicos del Área de Urbanismo y Vivienda, y el contacto con los representantes vecinales.