El Gobierno de Chávez controla las cementeras Holcim y Lafarge

Por ese 40 por ciento del capital accionario de ambas empresas cementeras se pagó un total de 378.434.865 dólares, según lo "acordado con los propietarios", dijo en un comunicado el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello.

   "El Estado venezolano, con este pago, toma posesión de estas empresas de manera formal", reiteró al tiempo que informó que existe un plazo de cuatro años para pagar, "sin intereses", un monto no revelado por un porcentaje asimismo no especificado del resto de acciones.

   En el caso de Holcim, el Gobierno venezolano suscribió a inicios de año un memorando que estipuló que la empresa recibiría 552 millones de dólares por el 85 por ciento de sus acciones, pero el comunicado de Cabello no especificó si en los próximos cuatro años debe pagar por el 60 por ciento del total de los papeles restantes o únicamente por el 45 por ciento.

   El acuerdo con la francesa Lafarge, según se informó también en meses pasados, comprometía al Gobierno a pagarle unos 267 millones de dólares por el 89 por ciento de su filial en Venezuela.

   La nota ministerial de hoy dio cuenta de que, "hasta este momento no ha sido posible obtener una negociación en los mismos términos con la filial local de Cementos Mexicanos (Cemex), pues la empresa fue abandonada y desmantelada".

   La nacionalización del sector se formalizó con un decreto que el Gobierno venezolano promulgó el 18 de junio de 2008.

   En el caso de Cemex, se informó entonces que ésta pedía por el total de sus activos 1.300 millones de dólares, pero que el Gobierno de Venezuela los había valorado en 400 millones de dólares.

    Chávez dijo con posterioridad de que hasta el próximo 26 de septiembre se fijará "un precio justo, en función de los informes de varias auditorías" en marcha.

   El acuerdo con Holcim supone el retiro de una demanda de indemnización que la empresa presentó a inicios de año ante el tribunal arbitral internacional del Banco Mundial.

    El Gobierno venezolano ha destacado que ese tipo de demanda ya no es posible, una vez que se ha legislado al respecto y los contratos que el Estado suscribe actualmente contemplan a la justicia venezolana como la única instancia admitida para resolver disputas.