Bilbao. Plaza Moyúa. 19.30 horas del jueves 30 de julio. Un grupo de personas convocadas por “aministiaren aldeko movimendua” –antiguas “Gestoras pro Amnistía", actualmente ilegalizadas- tomaban la plaza para denunciar la supuesta desaparición de un terrorista etarra en Francia. La concentración, no prohibida por las autoridades, se producía pocas horas después de que un comando etarra asesinara a dos guardias civiles en Calviá y un día después de que esa misma banda mafiosa intentara una masacre de guardias civiles y sus familias en Burgos.
Vitoria. Calle Postas. 20.00 horas del viernes 31 de julio. Estaba convocada una concentración de repulsa contra ETA por el Foro Ermua, pero los directivos de esta asociación han tenido que desconvocarla para convocarla en la Plaza Moyúa de Bilbao. ¿La razón? Que ya había sido autorizada para el mismo sitio y hora una marcha de familiares de presos de la banda asesina ETA.
Esto viene siendo habitual en el País Vasco, pero los aires han cambiado con el desalojo del nacionalismo de la Lehendakaritza y la llegada del socialista Patxi López tras un acuerdo con el PP. Un acuerdo, sin embargo, que empieza a registrar algunas fisuras.
Por ejemplo, “si resulta vergonzoso que estas concentraciones se desarrollen impunemente para enaltecer a terroristas, resulta más sangrante aún que lo hagan precisamente el mismo día en que ETA ha cometido un atentado mortal”, se lamenta parlamentario popular Carlos Urquijo, que acaba de formular una pregunta al consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, sobre las medidas tomadas tras el acto de apoyo a la banda en Bilbao, “más sangrante aún cuando enaltece impunemente a terroristas el mismo día de un atentado”.
El PP cuestiona que Interior no prohíba concentraciones de apoyo a la banda terrorista ETA apenas cinco horas después del atentado mortal en Palma de Mallorca. Urquijo ha preguntado por escrito a Ares si esta concentración había sido comunicada a la dirección de Ertzaintza y, en ese caso, “por qué no fue prohibida en atención a la situación de ilegalidad de sus convocantes”.
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