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La organización Human Right Watch condena el cierre de la fiscalía especial

HRW lamenta impunidad de la guerra sucia en México

HRW lamenta impunidad de la guerra sucia en México

Luego de que el gobierno decidiera desmantelar la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado la cual investigaba los casos de tortura, secuestro y asesinatos políticos del pasado, la asociación Human Right Watch (HRW) aseguró que México debe trabajar más para encontrar a los responsables de la muerte y desaparición de cientos de estudiantes y activistas políticos en las décadas de 1960 y 1970 y es que tras cinco años de labores, la oficina cerró sin poner a alguien tras la rejas.
La falta de resultados de la desmantelada oficina del procurador especial que investigaba denuncias de torturas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos en la guerra sucia de los años 60 a 80, es un resultado "profundamente desalentador", denunció este jueves la organización humanitaria Human Right Watch (HRW).

"El primer esfuerzo serio en México de lograr justicia por los abusos a los derechos humanos cometidos durante su 'guerra sucia', terminó sin cumplir sus objetivos", señaló HRW en un comunicado.

Creada en 2002, la fiscalía especial cerró la semana pasada sin lograr condena alguna.

El desmantelamiento de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) se inició el 30 de noviembre pasado, un día antes de la investidura presidencial de Felipe Calderón, cuando el entonces procurador general Daniel Cabeza de Vaca derogó el acuerdo por el que se creaba el organismo.

La desaparición definitiva de la repartición tuvo lugar la semana pasada, un día después de la publicación de la decisión del procurador general en el Diario Oficial federal.

Durante sus cinco años de existencia, los resultados de la Femospp -que el gobierno d Vicente Fox presentaba como insignia de un compromiso con la defensa de los derechos humanos- no logró condenas contra ninguno de los implicados en los cientos de casos de desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales de los años 60, 70 y 80, o las sangrientas represiones de manifestaciones estudiantiles de 1968 y 1971.

"La oficina del procurador especial puede haber desaparecido, pero la necesidad de subsanar el legado de abusos pasados permanece", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. "México debe todavía encontrar un camino para cumplir su obligación de investigar y juzgar estos casos", sostuvo.
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