Explicó que el cierre de las emisoras se realizó bajo el argumento de faltas administrativas por parte de las directivas de las empresas radiales clausuradas y que tenían la posibilidad de ser resueltas mediante los procedimientos administrativos legales normales sin necesidad de aplicar el cierre a los medios de comunicación.
Señaló que la decisión de clausurar un medio de comunicación no puede ser "una simple decisión política de un Gobierno, pues se presta a la arbitrariedad y el abuso de poder".
Hizo un llamado al Gobierno Nacional para que deje sin efecto las ordenes de cierre de las emisoras afectadas, "hasta que todas las partes hayan sido escuchadas y se adopte una posición de carácter administrativo y no político, basada en el respeto a los derechos humanos".
Si (
No(
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