No obstante, según informó a Europa Press la consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, es muy probable que esta ampliación no sea la última que se realice durante el presente ejercicio, ya que, tal y como subrayó, el sistema "sigue avanzando" y se realizarán los ajustes presupuestarios "que sean necesarios", como corresponde a una ley que "reconoce un catálogo de derechos".
En este sentido, quiso lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la población ya que, según afirmó, "no existe ningún tipo de inquietud sobre el desarrollo de la Ley de la Dependencia". Así, aseguró que, a pesar de la crisis económica, el fondo destinado por el Gobierno a la red de servicios de la Dependencia "no se congelará" para el próximo año 2010, sino que "se ajustará en función de las necesidades". Además, recordó que hasta el próximo año 2011 no se reconocerá grados nuevos -en este caso personas valoradas con un Grado I de dependencia moderada, nivel 2-, según marca el calendario de aplicación de la ley.
Por otro lado, la consejera insistió en que la Junta de Andalucía seguirá aplicando la Ley de la Dependencia con efecto retroactivo cuando se produzcan retrasos en el disfrute de las prestaciones sólo en aquellos casos en los que la persona dependiente tenga aprobado el Plan de Atención Individual (PIA) y a través de éste se le haya asignado una prestación económica.
De este modo, Navarro afirmó que, con este criterio, la Junta "se limita a aplicar lo que recoge la normativa" y destacó que, además, el mismo ha sido ratificado por una reciente sentencia judicial y es el que ejercitan el resto de comunidades autónomas. Según la titular del ramo, "la retroactividad sólo es posible con el PIA ya resuelto, pues, de lo contrario, es imposible saber que tipo de prestación le correspondía por ley".