La Comunidad de Madrid sigue advirtiendo con una posible congelación salarial a los 200.000 funcionarios que trabajan para la Administración regional e insiste en ella ahora que los precios no dejan de caer. Y es que la medida vuelve a estar de actualidad gracias al mal dato del Producto Interior Bruto nacional, que ya ha caído un 4'2% respecto al año pasado y supone el peor dato registrado desde 1970.
La presidenta Esperanza Aguirre se agarró este jueves a ese hito negativo, acompañado de las
malas cifras del paro (463.300 personas sin empleo hasta agosto en la región según el Instituto Nacional de Estadística) y a la
caída de los precios (en Madrid acumula un -1% interanual), para volver a reclamar a los trabajadores públicos que se apreten el cinturón.
"Los que tenemos nuestro
empleo fijo, y lo digo porque yo soy funcionaria del Estado, tenemos que ajustar nuestro salario a la realidad social, en este caso,
sin pérdida del poder adquisitivo puesto que los precios bajan, no suben", certificó la presidenta, que no ha dejado de insistir desde que comenzó la crisis en que es "una vergüenza" que se suba el sueldo a los funcionarios mientras persiste la sangría del desempleo.
Predicar con el ejemplo
Los sindicatos
UGT y
CCOO, en una respuesta contundente, ya denunciaron en el mes de abril la "obsesión patológica" de la presidenta con su colectivo y le acusó de no predicar con el ejemplo, ya que aseguró que antes de congelar los sueldos de su Gobierno
se los había subido.
"Primero fue el calificativo de absentistas -"Cada día, uno de cada cuatro funcionarios no va a trabajar"-. Después asoció a los empleados públicos como sujetos causantes de las peores lacras sociales -"Si todos los españoles fueran funcionarios habría escasez, hambre, miseria y corrupción"-. Y ahora califica de vergüenza su aspiración a tener un sueldo digno", recordó el sindicato.
Por el momento
no hay fecha para esa congelación salarial, que el PP madrileño podría justificar también en los recortes de transferencias económicas (cuando no devoluciones a la Hacienda central) del Estado hacia la Comunidad como consecuencia de la
caída de la recaudación por impuestos. Ahora bien, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre nunca ha renunciado a una medida controvertida a nivel social pero que el Estado, según admitió el ministro de Fomento, José Blanco, también estudia adoptar a nivel nacional.